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La bronca judicial que tuvo el exjugador Alonso Solís ya quedó resuelta, pero el amargo día que pasó el 14 de febrero se habría evitado si los notificadores del Ministerio Público no hubieran cometido un pequeño error.
Resulta que nos enteramos que la semana pasada llegó un notificador judicial al edificio de Grupo Nación, ubicado en Tibás, buscando al “Mariachi”, creyendo que él trabajaba para este medio de comunicación.
Los mismos guardas de seguridad de la empresa le advirtieron que el expresentador de Conexión Fútbol no es empleado de Grupo Nación y que por ende no podían recibir la documentación.
Aparentemente, era una notificación para que se presentara en el Segundo Circuito Judicial de San José por el caso de violencia doméstica por el que fue acusado en el 2019 por parte de su ahora expareja.
El mismo cantante reconoció este jueves en su programa radial Vis10n, que transmiten en radio Columbia, ubicada en Zapote, que la Fiscalía había intentado notificarlo, pero que él nunca se enteró que era requerido por el juez a cargo de su expediente.
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Además, dijo que desde el 2022 lo habían declarado “en rebeldía” y que por eso lo detuvieron a pesar de que él se presentó voluntariamente, luego de que le advirtieran el martes anterior que debía presentarse en los Tribunales de Goicoecha, pues su causa seguía abierta.
“Debbie (su pareja, Déborah Soto) le pagó a un abogado que tenía que hacer eso (quitar la denuncia), que quitara todo, absolutamente todo lo que habíamos puesto los dos y no lo hizo, el caso quedó abierto y nosotros no nos dimos cuenta”, dijo Solís en el programa.
La Fiscalía informó minutos después de su arresto que el exjugador del Deportivo Saprissa era “sospechoso de infringir la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres”. Es decir, que lo habían declarado “reo rebelde” por no acatar la orden del juez que lo había mandado a notificar.
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Belisario Solano, abogado de familia explicó a La Teja que la fiscal actuó conforme a ley, la cual establece que la persona primero debe ser citada para rendir una declaración y, si hace caso omiso o subestima el procedimiento, el Ministerio Público lo puede mandar a detener para presentarlo ante el juez.
En este caso, aunque Solís desconocía lo de las notificaciones judiciales, se debía ejercer el procedimiento que corresponde, que es retenerlo y esperar que el juez penal a cargo de su expendiente resuelva.
“No es que hasta ahora actúa el Ministerio Público, es que es tan alto el volumen de trabajo que tienen que los procedimiento se tardan. El procedimiento se inicia, va la investigación, se inicia el tramite de llamar a los testigos y ya cuando la investigación está terminada, la Fiscalía tiene tres caminos, uno, presentar la acusación; dos, solicitarle al juez penal el desistimiento de la denuncia y tres, puede solicitarle al juez penal el sobreseimiento. Entonces, acusa, desestima o sobresee”, explicó el abogado.
Al final Déborah Soto quitó la denuncia por el delito de violencia doméstica y tras quedar el caso cerrado, se dejó el libertad al exmorado.
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