Álvaro Ramos, expresidente de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), llegó a la Asamblea Legislativa a hablar sin pelos en la lengua sobre el caso Barrenador.
Esa es la investigación de la Fiscalía por el supuesto chanchullo que habría realizado Marta Esquivel, actual presidenta de la Caja, y otros miembros de la Junta Directiva, en la adjudicación de 138 ebáis, con un sobreprecio de ¢12.400 millones anuales.
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Según el criterio de Ramos, la institución cometió “tres pecados capitales” con el tema de esos ebáis.
Para el economista, el primero fue dejar a la Caja sin un reglamento de tercerización. Él dijo que había uno que tenía algunas cosas que mejorar, pero luego de que fue despedido, la Junta Directiva de la Caja, en lugar de modificarlo, lo derogó.
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“Por buenas prácticas de gobierno corporativo, es un deber reglamentar sus procesos... En el momento en que derogaron el que había y no hicieron uno nuevo, ya ahí había un primer pecado capital”, dijo Ramos.
El segundo pecado capital, según él, fue ignorar las recomendaciones y posiciones de los equipos técnicos que advirtieron sobre posibles anomalías en el proceso de licitación. Él dice que la Caja tiene diferentes líneas de defensa para evitar tomar malas decisiones, pero en este caso los directivos no les pusieron atención.
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“En este caso, ellos (Junta Directiva) prefirieron desoír las múltiples advertencias que les hicieron las líneas de defensa”, aseguró el exjerarca.
Por último, el tercer pecado capital fue tomar el acuerdo de la adjudicación con una Junta Directiva incompleta y en un día que no acostumbraban sesionar, algo que da mala espina.
“En una decisión de este calibre y complejidad, yo, como presidente (de la CCSS), hubiera buscado tener a la Junta Directiva en pleno. Votarlo con solo cinco o seis miembros, me parece un error. Votar algo de esta magnitud sin estar completamente apoyado por la Junta Directiva es muy delicado”, expresó Ramos.
El economista dijo que la acumulación de esos pecados llevaron al resultado que hoy se conoce: una investigación por parte de la Fiscalía y los procesos penales contra Marta Esquivel y los demás funcionarios involucrados en el proceso.