El caso Cochinilla y sus consecuencias han llevado pensar qué pasara con las obras públicas del país a mediano y a largo plazo.

El mayor escándalo relacionado con la construcción de trabajos viales, como se ha informado, involucra a las empresas H. Solís y Meco, al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

De momento, la primera consecuencia en el campo vial (no en el judicial) es la solicitud del Gobierno a la comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa de retirar ¢47 mil millones del presupuesto extraordinario que estaban pidiendo para el MOPT y CONAVI. La medida es por los cuestionamientos que enfrentan las dos instituciones.

La decisión de que se retiren los recursos del MOPT obedece a la necesidad de que ese ministerio revise las prioridades de ejecución de obra pública en infraestructura, según explicaron Gianina Dinarte, ministra de la Presidencia, y Rodolfo Méndez Mata, jerarca de Transportes.

Una vez aclaradas las dudas se presentaría una solicitud para esta institución. Los fondos serían para el mantenimiento de vías, la ampliación del tramo en la ruta 32 (entre el puente sobre el río Virilla y el cruce de Doña Lela), servicios de ingeniería, contrataciones de diseños de rehabilitación, ampliación y expropiaciones de la ruta 32.

Pero, ¿quiere decir que con las dos mayores empresas de construcción en el ojo del huracán no queda ninguna que asuma el reto?

Según Luis Guillermo Loría, ingeniero civil y excoordinador del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme, UCR), la respuesta es “no necesariamente”.

“Se abre la posibilidad de que otras compañías puedan empezar a hacer obra pública, empresas más pequeñas que se unan para tener la capacidad económica para hacer proyectos de mayor tamaño. Ese podría ser un cambio importante”, dijo Loría.

Opina parecido Esteban Acón, presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) y quien dice que todo depende de cómo reaccionen el país y el Gobierno ante estos hechos, corrigiendo y mejorando los procesos de contratación.

“Uno esperaría que sea una oportunidad para devolverle la confianza al país y para que muchas empresas medianas, grandes y hasta pequeñas, puedan acceder a estos procesos de contratación de obras viales que por mucho tiempo estuvieron viciados y pedían requisitos de más que impedían una amplia participación”, comentó Acón.

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Unión que hace la fuerza

Dice el dicho que la unión hace la fuerza y tanto Loría como Acón piensan que empresas nacionales podrían unirse para participar en proyectos más grandes, en los cuales los requisitos financieros y de experiencia podrían ser un obstáculo difícil de superar individualmente.

“Podrían empezar a dar ciertos servicios para proyectos intermedios y ya en los más grandes crear consorcios entre nacionales o incluso con empresas constructoras fuera de Costa Rica”, dijo Loría. Cuenta que él siempre luchó para que empresas más pequeñas tuvieran oportunidad de ser competentes en este tipo de trabajos.

Con la recién aprobada Ley de Contratación Administrativa podrían corregirse males de tiempo atrás que el caso Cochinilla sacó a la luz.

“Hay empresas medianas que no han podido desarrollarse y crecer por muchos impedimentos y compañías de otro tipo de edificaciones que nunca han optado por construir carreteras precisamente por el tipo de vicios que se oyen dentro del gremio y con las que no están de acuerdo”, detalló Acón.

Entre los “trucos” a los que se recurrió en en pasado para dejar fuera empresas estaba, por ejemplo, poner como requisito experiencia en el manejo de metros cuadrados o toneladas de asfalto altísimos para proyectos que no requerían cantidades tan grandes

“Los carteles siempre tienen que buscar la mayor participación de empresas en pos de que el Estado tenga los mayores beneficios de calidad, costos y tiempo. Cuando empiezan a meterle más requisitos de la cuenta, lo único que sirve es para orientar la licitación hacia un determinado camino”, agregó Acón

Agregó que el país debería enfocarse en ver cómo corrige el rumbo porque hace falta mucha obra y no solo vial, sino también de agua potable, sanitaria, de transporte público e institucional, entre otros.

Sin propuestas extrañas

En una nota publicada este miércoles por La Nación se informa que Andrea Bonilla, exesposa del exministro de Obras Públicas y Transportes Carlos Villalta, le relató al OIJ que cuando estaban casados, Villalta reclutaba personas de distintas instituciones que pudieran convertirse en un “problema para sus propósitos”.

Citó a Luis Guillermo Loría, del Lanamme, “que por ser uno de los entes fiscalizadores de los proyectos del Conavi, él (Villalta), decía que ‘había que tenerlo del bando de ellos’”.

Le consultamos a Loría su posición con respecto a esas palabras y dijo que hasta donde recuerda, Villalta nunca lo contactó para ninguna cosa anormal

“Sí hubo una relación normal entre una institución que era el Lanamme, donde yo estaba, y él como ministro de Transportes, además de que lo conozco desde hace muchísimos años, pero nunca ninguna cosa extraña. Ahí están todos los informes que firmé y todas las cosas que hice siempre con toda la rigurosidad técnica”, afirmó.

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