EscucharJohnny Araya, Mario Redondo, la empresa constructora MECO y demás involucrados en el Caso Diamante podrían ser sancionados por crear supuestamente “una compleja red de corrupción”.
Al menos, eso es lo que está pidiendo la Comisión para el Control de Ingreso y Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa, quienes presentaron un informe que recomienda que se repartan sanciones contra los involucrados.
Para refrescarle la memoria, en el Caso Diamante se acusa a varios funcionarios públicos de darle trato preferencial a la empresa Meco, para que obtuviera la adjudicación de contratos de obra pública.
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En este caso los funcionarios acusados y contra quienes se están pidiendo sanciones serían el alcalde de Cartago, Mario Redondo y los exalcaldes: Johnny Araya (San José), Alfredo Córdoba (San Carlos), Alberto Cole (Osa), Humberto Soto (Alajuela) y Arnoldo Barahona (Escazú).
A ellos se unen Gustavo Mayorga, exregidor de Nueva República de la Municipalidad de Golfito y Cristian Boraschi, exgerente del Departamento de Gestión Urbana de la Municipalidad de Escazú.
Además de las empresas MECO y Explotec.
Apurar el proceso
La comisión especial que investiga este caso también le hizo un par de peticiones a diversas instituciones, para acelerar la investigación y el eventual juicio.
Por ejemplo, al Tribunal Supremo de Elecciones le pidieron ponerse detrás de la investigación contra Mario Redondo, que se mantiene en su puesto como alcalde, ya que a sus ojos “un individuo bajo sospecha de actos de corrupción", pone en riesgo la integridad de las instituciones y la confianza de los ticos en el sistema.
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Por otro lado, se le pidió a la Fiscalía apurarle con la acusación contra Araya y compañía, ojalá presentarla a más tardar finales de este 2024, para que el juicio se realice lo antes posible.
A la Contraloría General le pidieron darle prioridad a las denuncias y a la Procuraduría de la Ética Pública evaluar la forma en que los funcionarios se comportaron para determinar si fallaron a los principios de probidad y transparencia.
