EscucharLa Dirección Jurídica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) emitió un informe en el que se le sugiere a la Junta Directiva, analizar las otras ofertas que se presentaron para la construcción del nuevo hospital de Cartago.
La idea es valorar las opciones que se tienen para, eventualmente, readjudicar el proyecto, luego de que la empresa mexicana Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura S.A. de C.V., abandonara el proyecto.
El visto bueno se dio a conocer durante la comparecencia de este lunes en la Comisión Especial de Cartago de la Asamblea Legislativa, como parte de la investigación por el caso Barrenador.
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A lo largo de la comparecencia, los abogados de la CCSS dejaron abierta la posibilidad de comenzar un nuevo proceso de adjudicación.
Acá hay dos opciones:
Primero, que la Junta Directiva se vaya por la segunda mejor oferta, que en este caso le corresponde a la Compañía Constructora Van der Laat y Jiménez Sociedad Anónima, atrasando la obra por un máximo de un año.
Segundo, iniciar el proceso de licitación desde cero, lo cual implicaría que la obra se atrase por al menos una década, según estimaciones del abogado de la Cámara Costarricense de la Construcción, Adolfo Gell.
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Inadmisible
Ahora, el problema está en que en agosto la Contraloría General de la República rechazó una apelación de la empresa Van der Laat y Jiménez contra la adjudicación del Hospital a la empresa mexicana.
En su momento, la Contraloría rechazó la apelación alegando que el precio que proponía Van der Laat y Jiménez era inaceptable, ya que no se ajusta al presupuesto que tienen para construir la obra.
“La Administración no cuenta con más recursos y la apelante no se ajustó a la disponibilidad presupuestaria”, se lee claro en la resolución.
Así que ahora habrá que ser si Van der Laat y Jiménez replantea su oferta.
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Investigación
Más allá de la posible nueva adjudicación, en el mismo informe, la Dirección Jurídica de la CCSS le propuso a la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías, que se abra una investigación en contra de Desarrolladora Mexicana de Infraestructura S.A.
La idea sería determinar las eventuales responsabilidades y/o los eventuales daños y perjuicios ocasionados por la empresa mexicana, a la hora de abandonar el proyecto.
Se propuso que la Instrucción del Procedimiento Administrativo sea la que esté a cargo de la investigación.
