¿Cómo es posible? Ninguna mujer policía debería pasar por estas cosas

Parece mentira que las valientes mujeres que trabajan como policías, exponiendo su vida todos los días, tengan que pasar por este tipo de situaciones.

La Defensoría de los Habitantes investiga una denuncia sobre la disponibilidad de chalecos de seguridad adecuados para mujeres que laboran en la Policía Penitenciaria del país.

Estos chalecos se ven como los antibalas, pero son distintos, ya que están hechos para proteger a los oficiales de heridas con armas punzocortantes, que son las que se encuentran muchas veces en las cárceles.

La institución señala que, en cuanto a los chalecos, estos no solo son importantes por un tema de seguridad, sino que también debe considerarse la perspectiva de género en su diseño, ya que el cuerpo de las mujeres es distinto al de los hombres.

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Este año, la Defensoría solicitó información a las autoridades del Ministerio de Justicia y Paz para conocer las acciones realizadas para la adquisición de estos chalecos, a raíz de una queja presentada por la Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras (UNT).

El 05 de abril la Dirección de Adaptación Social informó que se cuenta con un contrato activo para la compra chalecos de seguridad, ya se adquirieron 1.231 unidades. También informó que se han dejado de utilizar un grupo de chalecos debido a su vencimiento: 1.971 entre el 2021 y el 2024.

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Adaptación Social señaló que como parte del cumplimiento de una resolución de la Sala Constitucional, se hizo una carga al contrato para la adquisición de 67 chalecos femeninos. La idea es dotar de estos chalecos especiales a 134 agentes de policía femenina en esta primera etapa, y de acuerdo al presupuesto asignado a esa partida, se irán progresivamente adquiriendo más chalecos a las mujeres policías de acuerdo a la necesidad institucional.

Actualmente se cuenta con una asignación de presupuesto cercana a los 200 millones de colones para la adquisición en el primer semestre del año 2024 de unos 212 chalecos, los cuales deberán ser distribuidos de manera equitativa en todos los centros penitenciarios y unidades de trabajo, dando prioridad a aquellos que presentan un mayor déficit.