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La Contraloría General de la República (CGR) ordenó suspender sin goce de salario al alcalde de San José Johnny Araya y a dos funcionarios de la Municipalidad de San José, por posibles irregularidades en la contratación de un bufete de abogados para la asesoría jurídica laboral de la Municipalidad de San José.
Araya y los dos colaboradores deberán ser suspendidos por un período de entre 20 y 25 días, informó este miércoles La Nación.
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Según la Contraloría, el alcalde autorizó el 21 de agosto de 2018 la contratación por excepción de la empresa BDS Asesores Jurídicos sin contar con estudios de mercado que justificaran el pago por ¢22 millones.
La Contraloría subrayó que no hay evidencia de que la Municipalidad de San José elaborara un análisis para validar que BDS Asesores Jurídicos era el único proveedor en el mercado capaz de brindar la asesoría legal requerida.
“(...) El investigado Araya Monge autorizó una contratación por excepción, sin verificar y constatar, de manera previa, que se cumplieran con los requisitos que la normativa legal y reglamentaria”, enfatizó la institución.
