EscucharLa Defensoría de los Habitantes hizo un estudio sobre las acciones que se aplican en el país para prevenir la violencia obstétrica y los resultados lo que dan son cólera.
A pesar de avances en la defensa de los derechos de las mujeres, el país tiene vacíos en materia de regulación, fiscalización y sanción en cuanto a violencia obstétrica. Así lo hizo ver la Defensoría ante una solicitud de información hecha por el despacho de la diputada oficialista Paula Nájera.
La Defensoría detectó la ausencia de conceptos de la violencia obstétrica en la Ley: “Derechos de la mujer durante la atención calificada, digna y respetuosa del embarazo, parto, posparto y atención del recién nacido” que entró a regir el 27 de enero del año 2022.
“Ni en su título, ni en su contenido, esta importante Ley desarrolla el concepto de violencia obstétrica, a pesar de que se enumeran los derechos de las usuarias en el marco de la atención prenatal, durante y después del parto”, indicó la Defensoría.
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La institución destacó que si bien se han conocido acciones encaminadas a generar normas al respecto, por ejemplo el Protocolo Clínico de Atención Integral al embarazo, parto y posparto en la Red de Servicios de Salud, no se ha informado sobre un protocolo generado para el cumplimiento de la norma, además, no hay nada que diga cómo se debe verificar o evaluarse el cumplimiento de las normas.
“Para que Costa Rica garantice la generación de indicadores sobre este tipo de violencia, debe incluirse su conceptualización tanto a nivel legal, como en los lineamientos, guías y protocolos que se aprueben e implementen en los servicios de salud.
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“Actualmente, este tipo de violencia no está incluida dentro de los datos del Sistema Unificado de Medición Estadística de la Violencia de Género, ni hay información disponible en el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia del Poder Judicial”, informó la Defensoría.
Hace unos días, la Caja anunció una estrategia para el abordaje de la violencia obstétrica en los diversos servicios institucionales. La Defensoría le dará seguimiento al tema.
