“El país no cuenta con información cuantitativa (cantidad) y cualitativa (si son ticos, nicaragüenses o de otras nacionalidades y por qué allí) actualizada y por lo tanto certera sobre la población de los asentamientos informales (precarios), información vital para establecer una estrategia de atención a la problemática existente.
“No se tiene información precisa sobre las acciones de atención a los asentamientos informales y el impacto de estas intervenciones, al menos en cuanto a los bonos de vivienda. La falta de un trabajo coordinado entre diferentes actores (entidades gubernamentales), llamados a intervenir en la atención de los asentamientos informales, no ha posibilitado una eficaz erradicación de asentamientos en precarios en los que las familias ya han sido atendidas (llevadas a otro lugar), dándose procesos de “reocupación” de los mismos”.
Esas son solo parte de las conclusiones a las que llegó la Fundación Promotora de la Vivienda (Fuprovi), que entregó la semana pasada el “Informe Nacional sobre la Situación de Vivienda y Desarrollo Urbano en Costa Rica 2018” y su mayor preocupación es que el país lucha a ciegas una batalla que no va ganando, de hecho ni siquiera entiende realmente cuál es el enemigo al que debe atacar, por eso, se ha disparado a lo loco en cuanto a erradicación de precarios con los bonos.
Solo se cuentan techos
“Para que nos entendamos mejor le voy a dar un ejemplo, imagínese que el Gobierno puso en el aire un dron y le tomó una foto a todos los precarios del país, esa gran foto sirvió para contar cuántos son. Hablamos de 679 precarios en Costa Rica, pero esa foto es solo eso, una foto de techos, es lo único que se tiene, no se sabe qué hay debajo de esos techos, ese es el gran problema, se sabe que hay precarios pero nada más”, explica don Franklin Solano, coordinador de investigación de Fuprovi.
Esa guerra a ciegas incluso la acepta la propia ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, Irene Campos.
“No existen un número ni información clara sobre los precarios en el país, se ha ido avanzando, pero realmente no hay datos que nos aclaren cuál es la verdadera realidad y cómo atacarla de forma eficiente. No se sabe realmente qué tipo de familias, cuántas familias, cuántos nacionales y cuántos extranjeros. Hay datos, pero no un estudio profundo y eficiente”, nos aseguró la ministra.
Mayoría en la GAM
Números algo viejitos y no actualizados, según Solano de Fuprovi, advierten que de los 679 precarios que se tienen identificados en todo el país, unos 545 están en la Gran Área Metropolitana y que el 83% de los habitantes de todos los precarios son ticos, solo el 17% son extranjeros. Claro que eso solo son promedios porque en realidad nadie sabe el número exacto de personas que viven en esos lugares.
No existe un solo dato concreto, no se sabe si son familias completas, madres jefas de hogar, hombres con hijos, personas solas, etc.
Los precarios han consolidado un ciclo de supervivencia que le está ganando, y por goleada, la guerra al Gobierno: una persona vive en uno de estos lugares en un lote que no es suyo, pero bueno, ahí puso su ranchito; resulta que el Gobierno le da una casita digna en otro lugar, pero nada más, no vigila qué pasa con ese lotecito y ese ranchito, el cual finalmente es heredado, alquilado o vendido a otra familia que se mete y eso provoca que el precario no se reduzca, sino que nada más cambie de familias.
Munis no se pellizcan
La ministra de Vivienda también aseguró que las municipalidades no asumen el papel que les toca en ese tema.
“La mayoría de terrenos invadidos son municipales, entonces los gobiernos locales no vigilan que al sacar familias de un precario, realmente el lugar donde habitan no se vuelva a ocupar.
“También existe otro problema, en un precario hay familias que califican para bono y otras que no, entonces se les da bono a las que sí, pero se deja en el precario a las que no, eso mantiene vivo el precario. Lo ideal es, lamentablemente, erradicar totalmente ese precario pese a que haya familias que no califican para bono”, analizó la ministra.