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Luis Antonio Sobrado, expresidente del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), analizó el proyecto de referéndum propuesto por el presidente Rodrigo Chaves y aseguró que esta iniciativa no tiene pies ni cabeza.
Las declaraciones las dio el exmagistrado en el programa “Hablando claro”, de la periodista Vilma Ibarra, en donde concluyó que este proyecto no es viable.
Sobrado estaba en la presidencia del TSE cuando se llevó a cabo el único referéndum que se ha desarrollado en Costa Rica y que definía la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Esa consulta se llevó a cabo el 7 de octubre del 2007.
Don Luis Antonio aseguró, con respecto a la Contraloría General de la República, que la Sala IV ya emitió dos sentencias: una del 1° de noviembre del 2006 y otra de 1998, las cuales indican que no se le pueden limitar potestades a la CGR. Ya esto da síntomas de que la consulta no se puede realizar.
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Para el exmagistrado, quien ya pasó por donde asustan, el proceso es muy largo y complejo. En primer lugar, debe tener una mayoría de los diputados, que no parece que vaya a conseguir, o puede ser por medio de la recolección de firmas ciudadanas, pero ya no tienen tiempo. “Aún logrando el tiempo o logrando los votos necesarios, pareciera que el asunto se va a estrellar en los estrados de la Sala Constitucional”.
Según su experiencia, “en menos de un año es prácticamente imposible recorrer todos los pasos que conducen a la convocatoria para un referéndum”, porque el plazo vencería en 11 meses.
“Si no logra consensuar los votos en la Asamblea Legislativa, el inicio del proyecto huele a cala. Yo creo que también en el escenario legislativo va a morir.
“Hay una ventana tan estrecha que no cabe un jaguar por ahí”, alegó.
El procedimiento
Luis Antonio Sobrado explicó cómo se llevaría a cabo el proceso, desde la trinchera en la que trabajó por más de 20 años.
Tanto si se busca la aprobación de los diputados o mediante la recolección de firmas, los magistrados deberán hacer un estudio previo y si no se rechaza de plano, pasaría al Departamento de Estudios Técnicos de la Asamblea Legislativa, que deberá pronunciarse ocho días después de hacer una serie de consultas a las posibles instituciones afectadas.
Luego, el proyecto volvería al TSE para someterlo a otro estudio y después se autorizaría una plantilla de recolección de firmas. En ese momento, los interesados deben imprimir los formularios de recolección, llevarlos al TSE para ser firmados y sellados, con un plan de recolección de firmas que debe ser aprobado por el Tribunal y, en este memento, podría ser enviado a consulta a la Sala IV.
