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Los magistrados de la Sala IV resolvieron este martes que la nueva versión de la “ley jaguar” viola la Constitución Política.
Este era el segundo intento de la administración Chaves Robles por buscar la aprobación de esta iniciativa, la cual quería llevar a un referéndum, para discutir algunos proyectos.
Sin embargo, desde que se presentó el primer proyecto, el Ejecutivo chocó con pared.
Enredado
El presidente Rodrigo Chaves presentó la primera versión de la “ley jaguar” el 5 de junio, cuando acudió a la Asamblea Legislativa a entregar la propuesta a la Secretaría del Directorio del primer poder de la República.
“El señor Presidente de la República trae un importante proyecto de ley que se presentará al pueblo de Costa Rica para que sea nuestro país, como consagra nuestra Constitución, el que haciendo uso de todos los elementos en democracia se vote, se le consulte y tenga participación en la toma de decisiones de aspectos fundamentales para nuestro país”, dijo la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, quien en ese entonces era ministra de Planificación.
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Este primer proyecto, que se tramitó bajo el expediente 24.364 fue declarado inconstitucional el 29 de junio anterior. Un día después, en conferencia de prensa, Chaves presentó con bombos y platillos un nuevo proyecto, el cual fue enviado a la Asamblea Legislativa.
Esta iniciativa, llamada popularmente “ley jaguar 2.0″ tomó como base el primer proyecto para su elaboración. La propuesta, que se analizó bajo el expediente 24.467 eliminó por completo las modificaciones propuestas a los artículos 11, 17 y 22 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (Ley 7428), que reducían las competencias de supervisión del ente contralor, y modifica la propuesta de reforma al artículo 12 de dicha ley para incluir que la Contraloría no puede “sustituir o abarcar” asuntos de la administración pública activa.
