EscucharLos diputados aprobaron en primer debate un proyecto de ley que tiene como fin obligar al Ministerio de Hacienda a pagar a los cuerpos policiales del país el impuesto de las personas jurídicas que durante dos años ha negado.
La creación del impuesto a las personas jurídicas se dio para fortalecer los cuerpos de seguridad, precisamente, por la oleada de criminalidad que existía en aquella época y que ahora está mucho peor, sin embargo, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, encontró la forma de negarse a dar esa plata.
Con la regla fiscal, se crearon un conjunto de normas que le permiten al jerarca de Hacienda brincarse esos destinos específicos, haciendo un daño a la seguridad del país.
Un artículo permite a Hacienda incumplir con el traslado de destinos específicos establecidos por ley, cuando la deuda del Gobierno Central supere el 50% del producto interno bruto (PIB), como ha ocurrido en los últimos años.
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A raíz de eso, la reforma incluye un artículo para que, durante dos años, Hacienda no pueda evadir la entrega de los recursos para los cuerpos de seguridad, así Nogui se verá obligado a pasar esa plata a los cuerpos policiales.
Este miércoles, con el apoyo unánime de los 45 diputados presentes en el Plenario Legislativo, se aprobó la iniciativa en primer debate, ahora solo falta que se apruebe en los próximos días en segundo debate para que se convierta en ley de la República.
El proyecto hace una reforma a los artículos 10, 11 y 13 de la ley 9428, Ley de impuesto a las personas jurídicas. El texto base de esa ley decía en un principio que el Ministerio de Seguridad Pública recibiría el 90% de esa plata, el OIJ 5% y la Dirección General de Adaptación Social, entidad que administra las cárceles del país, el otro 5%, sin embargo, luego de un análisis detallado, en el nuevo texto los diputados cambiaron los porcentajes; ahora el MSP recibirá un 75%, la Policía Judicial un 15%, Adaptación Social un 10% y
Otra de las novedades de la reforma es que las entidades beneficiadas con los fondos deberán presentar un reporte de gastos e inversiones a la Comisión Especial de Seguridad y Narcotráfico del Congreso.
