EscucharEl Ministerio de Educación Pública (MEP) está metido en un embrollo como pocas veces se ha visto y va a tener que correr para cumplir con una directriz que le ordenó la Sala Constitucional, mejor conocida como Sala IV.
Resulta que desde junio del 2024, el Programa Estado de la Nación le pidió al MEP todos las bases datos de las pruebas nacionales estandarizadas que se aplicaron entre el 2023 y el 2024, así como las pruebas PISA 2022.
La idea era utilizar estos datos para crear el “Estado de la Educación 2024-2025″ y tener una idea un poco más clara de cómo está la educación en el país, el problema es que desde ese momento, el MEP se ha estado quitando el tiro y pidiendo prórrogas.
Ahora, la Sala IV intervino luego de que se presentó un recurso de amparo contra el ministerio, y le dieron 10 días para presentar todos los datos.
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El único dato que la Sala IV aceptó no tener que presentar es cuáles centros educativos participaron en las pruebas PISA 2022, ya que es información protegida por leyes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
De ahí en fuera, todos los datos se tienen que presentar en 10 días y en caso de no cumplir, se le pueden imponer sanciones al ministerio, incluida la pena de cárcel para Álvaro Artavia, director de Evaluación y Gestión de la Calidad del MEP.
Por su parte, el MEP salió en defensa propia diciendo que entregar la información es muy complicado ya que requiere de un análisis profundo para respetar la protección de datos personales.
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A eso hay que sumarle que, según explicaron, la Dirección de Evaluación y Gestión de la Calidad no tiene todos los datos y tienen que hacer las solicitudes a los departamentos correspondientes.
