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Hace unos días se cumplió el primer mes desde que el Ministerio de Trabajo, el Instituto Nacional de las Mujeres y la gerencia de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social anunciaron con bombos y platillos el lanzamiento de una página web para que los patronos puedan asegurar en línea a las empleadas domésticas.
Sin embargo, al 11 de septiembre, de las más de 150 mil trabajadoras que no estaban registradas el día del lanzamiento de la página, solo 713 fueron ingresadas al SICERE (Sistema Centralizado de Recaudación de la Caja) por sus patrones.
Este bajo número demuestra que la mayoría de los patrones ticos se están haciendo los majes con los derechos laborales de quienes se responsabilizan de la limpieza y cuidado de sus hogares.
Lo peor es que no parece que haya un cambio en el futuro cercano. En la oficina de prensa del Ministerio de Trabajo indicaron que están abiertos a recibir denuncias, pero que los inspectores no pueden entrar a las casas donde ellas trabajan porque son residencias privadas.
Tratamos de conocer la posición del INAMU ante esa baja inscripción de trabajadoras, pero se nos indicó que la ministra se encuentra en Nueva York con el presidente.
La licenciada Marianne Pérez, economista de la gerencia financiera de la Caja, quien brindó los datos, indicó que es posible castigar a los patrones, pero solo cuando se presenta una denuncia, algo que casi no pasa porque las trabajadoras no pueden estar pidiendo permisos a los patrones para presentarse a las oficinas del ministerio.
"Si tomamos como referencia la Encuesta Continua de Empleo, en la actualidad tenemos alrededor de un 10% de trabajadoras cubiertas (misma cifra del día del lanzamiento). La expectativa es que al 2021 se haya incrementado la cobertura en un 40% y para el 2025 esta sea de un 50% del total de trabajadoras domésticas" explicó Pérez, lo que solo confirma que no hay un plan en el corto plazo para sacarlas de la informalidad.
Amenazas y manipulación
Carmen Cruz, representante de la Asociación de Trabajadoras Dométicas (Astradomes), asegura que no se explican por qué las instituciones públicas no logran que los empleadores cumplan con lo que la ley exige.
Cruz puso el ejemplo de una trabajadora nicaragüense, quien fue despedida porque se negó a trabajar el fin de semana del primero de mayo, a la fecha no le han cancelado la liquidación.
Pero eso no es todo, ya que, además de perder su trabajo, descubrió que la enfermera que la contrató nunca pagó las cuotas del seguro, aunque sí la había inscrito como trabajadora en la Caja.
"Nunca pagó las cuotas de los seis meses que trabajó con ella", detalló Cruz.
En la asociación tienen una larga lista de historias, algunas porque los patrones se esconden para no ser notificados.
Otras porque las convencen de que, como "la caja va a quebrar", es mejor que se hagan un ahorro para el retiro y no coticen las cuotas para la pensión.
Aunque admiten que, en algunos casos, son las mismas trabajadoras las que no siguen la pelea porque puede hacer que su siguiente patrón las despida por miedo a ser denunciados.
Este domingo 24 están convocando a una reunión para aclarar dudas y desarrollar un documento con el que pretenden exigirle a las autoridades que cumplan la ley.
