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La ministra de la Presidencia Laura Fernández entró en una serie de contradicciones a la hora de justificar la nulidad del decreto de interés cultural de la Marcha de la Diversidad 2024.
El lunes anterior, Fernández envió un documento a la Sala Constitucional en donde respondió a los argumentos que presentaron los organizadores de la actividad, que presentaron un recurso de amparo contra el gobierno, por la derogatoria de interés cultural de la marcha, el 29 de junio pasado. Recordemos que la marcha se efectuó el domingo 30 de junio, en el centro de San José.
Uno de los puntos que cuestionó la ministra fue que los organizadores de la marcha debían contar con seguridad privada y por eso no enviaron oficiales de la Fuerza Pública a los lugares en donde se llevó a cabo el recorrido, pero además dijo que al no haber incidentes o personas heridas se justificaba la ausencia de los cuerpos policiales.
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“El documento de medidas de Seguridad para Responsabilidad Civil Espectáculos Públicos para eventos en exteriores el Instituto Nacional de Seguros, establece que la actividad debe tener vigilancia privada de no contar con apoyo de efectivos nacionales, por lo que la falta de personal de seguridad que alega el recurrente es responsabilidad de la organización del evento, y no puede ser atribuida a mi representada, tal y como se pretende.
“Nótese que el recurrente no indica que se produjera alguna lesión o evento en particular en donde un participante resultara lesionado, de modo que resulta una mera suposición que no produjo ningún efecto”, detalló Fernáandez.
Además defendió la publicación de La Gaceta N°119 del primero de julio, en donde se confirmó la nulidad de la declaratoria, que fue comunicada por Presidencia un día antes de la marcha.
Lamentable
Geovanny Delgado, quien presentó el recurso de amparo calificó como lamentable la posición del gobierno.
“Por otro lado, esto evidencia que se reunieron el sábado 29 a hacer la derogatoria del decreto que establecía la declaratoria, cuando la declaratoria estaba lista desde el 18 de julio. Es decir, esperaron horas antes de la marcha para decir que revocaban la declaratoria y esto es homofóbico.
“Y además, al 18 de junio ya estaban los permisos correspondientes para llevar a cabo la marcha y por eso, el presidente Rodrigo Chaves mintió, porque cuando salió el comunicado del gobierno, el 29 de junio, afirmó que la marcha no tenía los permisos. También se faltó al decir que el presidente no tenía conocimiento de la marcha, cuando el 13 de junio se celebró una reunión en Casa Presidencial y hubo miembros del despacho del presidente”, afirmó.
Para Delgado, es claro que al gobierno y a la ministra de la Presidencia quedaron en evidencia con sus acciones y sus palabras.
“La ministra entra en una serie de contradicciones, porque ella misma reconoce que quienes organizamos la marcha hicimos los trámites correspondientes, cuando el presidente dijo que no había permisos, entonces queda demostrado que el presidente hizo un daño a la imagen de la marcha y a quienes participaron. La respuesta de la ministra nos hace un favor, porque evidencia los errores de Presidencia”, comentó.
