EscucharEl ministro de Hacienda, Nogui Acosta, no tuvo más remedio que hacer algo que no quería con el tema de la polémica póliza que el Gobierno quiere pagar para el presidente Rodrigo Chaves y los ministros.
Acosta quería aprobar el famoso seguro lo antes posible, pero como le empezaron a llover críticas, tuvo que hacer un alto en el camino.
LEA MÁS: Crece polémica por póliza que Gobierno quiere para cubrir tortas de Rodrigo Chaves y sus ministros
El jerarca anunció el lunes en conferencia de presa que frenaría el proceso, y enviaría una consulta a la Procuraduría General de la República para saber si la póliza es viable.
“Para zanjar cualquier duda, vamos a volver a preguntar a la Procuraduría General de la República cómo deberíamos aplicar la norma. Esto es para asegurar una defensa adecuada de abogados en las denuncias que se presentan contra funcionarios públicos”, expresó Acosta.
Este miércoles, La Teja preguntó en el Ministerio de Hacienda si ya se había enviado la consulta, pero nos dijeron que no, que el documento “se encuentra en proceso de elaboración”.
LEA MÁS: Hacienda contratará millonaria póliza para defender a Rodrigo Chaves y sus ministros de las tortas
Varios abogados expertos en Administración Pública han señalado que la ley no permite que se paguen pólizas de este tipo con dinero de Hacienda y que esto podría representar hasta un delito.
Por eso le preguntamos al Instituto Nacional de Seguros (INS) si la institución también haría algún tipo de consulta, para curarse en salud y no incurrir en alguna acción ilegal, pero la aseguradora informó que no haría ninguna consulta al respecto.
LEA MÁS: Ministra de Salud justifica gastar un platal para viajar en primera clase
El INS también señaló que la contratación de la famosa póliza no está adjudicada todavía.
Según consta en el Sicop, la póliza sería por ¢248.391.706 anuales y el límite de responsabilidad será de $500 mil (¢258 millones), por persona asegurada.
La póliza incluiría gastos y costas legales de defensa, costos y gastos de emergencia para 65 jerarcas, incluidos directores y oficiales retirados. Esta contemplaría costos por procesos de extradición, enjuiciamiento, multas y sanciones civiles. También costos para salud y seguridad ocupacional, privación o confiscación de activos, costos de pre investigación, violaciones ambientales, audiencia derivada de una investigación y administradores no ejecutivos.
Cáigase de espalda, porque también incluiría costos para fianzas, atención de crisis, y hasta gastos para relaciones públicas y proteger la reputación de los asegurados.
