Escuchar
Pon fin se abre una posibilidad de ponerle el cascabel al gato, o mejor dicho al CNP. Me refiero al proyecto de ley para eliminar la obligación que tienen los comedores escolares de comprar sus alimentos a esta institución. Y tiene la bendición de la Contraloría General de la República.
El apoyo lo manifestó la contralora general, Marta Acosta, ante la Comisión Legislativa que atiende los temas relacionados con educación.
La idea es reformar el artículo 9 de la Ley 2.035, el cual establece que las entidades públicas están obligadas a comprar la comida a través del CNP.
Veamos algunos detallitos: El CNP compró 112.000 quintales de frijoles en el 2020, pero, según el propio CNP, la cosecha fue de 72.000 quintales. La cuenta no cuadra, sobre todo si el Consejo dice ser el comprador de la mitad de la producción (36.000 quintales). Para llegar a los 112.000 faltan otros 76.000. La diferencia, destapó estudio de la Universidad Nacional, debe ser frijol traído de Nicaragua y Estados Unidos.
Y el MEP obligado a comprarle al CNP paga ¢1.300 por la bolsa de 800 gramos cuando podría conseguirla en ¢834 en cualquier pulpe. La historia es parecida con los huevos.
Durante la pandemia, a los niños se les entregaron paquetes de alimentos en el hogar, pero 27.254 solicitudes no fueron atendidas por falta de plata. El faltante hubiera salido fácilmente si el MEP no estuviera obligado a comprarle al CNP.
Como si fuera poco, dice la contralora Acosta que las fiscalizaciones hechas al CNP revelan, además de los precios excesivos, costos adicionales por almacenamiento, retrasos en las entregas de alimentos y daños en productos perecederos.
Más ejemplos es gula.
