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Estable pero con necesidad de oxígeno. Así se encuentra el diputado Rodolfo Peña, del PUSC, internado desde el pasado viernes en el hospital de Liberia debido al covid-19.
Peña, de 57 años, se hizo la prueba después de haber tenido contacto con la presidenta de la Asamblea Legislativa, Silvia Hernández, quien también dio positivo.
Nunca como ahora cobra gran importancia la petición, desde febrero pasado, del diputado Otto Roberto Vargas. Como si fuera una profecía dijo: “La solución no es que cada vez que tengamos un caso positivo de covid de un diputado o un asesor… apliquemos una orden sanitaria o el aislamiento preventivo, afectando la discusión y aprobación de proyectos de ley urgentes en estos momentos de crisis económica y social”.
Argumentaba la urgente vacunación de los legisladores para asegurar la continuidad del trabajo legislativo. El tiempo le dio la razón. El Congreso lleva días paralizado y hasta su nueva presidenta se contagió. En la agenda hay proyectos apremiantes, de enorme trascendencia.
La propia emergencia sanitaria exigió respuestas legislativas y podría necesitarlas de nuevo, sin embargo, Vargas sufrió críticas, tan injustas como predecibles, por la propuesta. Y es que el desprestigio de las instituciones nos hace incapaces de distinguir cuando estamos ante un privilegio y cuando frente a una legítima necesidad.
Los diputados son trabajadores esenciales, ellos no tienen suplentes, como el ministro que tiene al vice, y las consecuencias de paralizar el Congreso son serias. Suficientes razones para que Salud atienda la petición del legislador Vargas.
