EscucharEl PANI recibió un informe de parte del hospital San Vicente de Paúl, en Heredia, en el que dice que el niño de seis años que llegaron a buscar los antivacunas este miércoles está en riesgo social, por lo que iniciaron una investigación.
El Patronato Nacional de la Infancia recibió el reporte este miércoles en la tarde y en él se indica que hay riesgo social identificado, el cual expone al menor a una condición de vulnerabilidad.
El PANI pidió información adicional para valorar la solicitud del hospital y se está a la espera de recibirla este jueves para resolver según corresponda.
La ministra de la Niñez y la Adolescencia, Gladys Jiménez, dijo que en estos casos deben respetarse los procedimientos de las instituciones.
“Reprochamos los hechos tan lamentables sucedidos en el Hospital San Vicente de Paúl y rechazamos cualquier manifestación de violencia que ponga en riesgo la vida y la salud de pacientes, personas usuarias y del personal del Hospital”, dijo Jiménez.
En el informe también se enfatiza que el menor que está hospitalizado es asmático y como tiene seis años los especialistas recomendaron vacunarlo contra el covid-19, pero los papás no quieren.
“La vacunación en personas menores de edad es obligatoria para niños de cinco años en adelante y atañe al personal de salud determinar lo correspondiente. Las personas menores de edad con factores de riesgo o han sido priorizados por el Ministerio de Salud y la CCSS para recibir la dosis de la vacuna”, agregó la ministra.
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Los padres de familia tienen la obligación de ejercer la guarda, crianza y educación de forma responsable hacia sus hijos e hijas y hay un deber de vigilar que el esquema de vacunas obligatorio esté completo.
Al PANI le corresponde, una vez que se tiene conocimiento de una situación de negligencia por salud asociada a la vacunación, realizar una prevención y acompañamiento al padre y madre para que cumplan con la aplicación del medicamento, en caso de no atenderse, se inicia un Proceso Especial de Protección con el dictado de una medida de protección administrativa que, en caso de no cumplirse, se lleva ante el Juzgado de Familia o el Juzgado de Niñez y Adolescencia.
