EscucharEl Caso Barrenador acaba de tomar un giro interesante y es que, según confirmó la Fiscalía General tras una consulta de este medio, se tomó la decisión de abrir una investigación paralela contra la expresidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social y actual ministra del Mideplán, Marta Esquivel, por el caso Barrenador.
El pasado 4 de abril, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía informaron que a Esquivel, así como los otros siete sospechosos investigados en este caso, incluida la gerente general Marielos Gutiérrez, se les ampliaron sus medidas cautelares por seis meses más.
Ahora, Esquivel enfrentará cargos por aparte.
Según explicaron, se tomó esta decisión, ya que al convertirse en ministra por mandato del presidente Rodrigo Chaves, Esquivel recibió inmunidad y, para no atrasar el proceso del resto de imputados, la Sala Tercera emitió una resolución separando a Esquivel del Caso Barrenador.
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La idea es que la Fiscalía General aplique, de manera paralela, pero separada, el proceso especial para investigar a la jerarca (lo que incluye levantar su fuero) y, mientras tanto, los restantes siete imputados sean procesados por la vía judicial ordinaria.
“Los equipos de trabajo de esos casos (Fiscalía General y Fiscalía Anticorrupción) seguirán trabajando de la mano, puesto que se trata de los mismos hechos bajo investigación, y la división de los expedientes responde, únicamente, al procedimiento especial de miembros de Supremos Poderes, que le da inmunidad a la imputada Esquivel”, explicó el Poder Judicial en un correo.
En contra
Ahora, esta decisión no cayó bien entre muchas personas, incluido el fiscal general, Carlo Díaz, quien había dejado claro que quería que todo se tramitara bajo un mismo expediente.
A su forma de ver las cosas, el vínculo entre Esquivel y el resto de los imputados es más que evidente y trabajaron “de forma conjunta y unísona”, por lo que lo recomendable era tramitarlo como una sola causa.
No obstante, según argumentó la Sala III, el Código Procesal Penal deja claro que en estos casos, es obligatorio separar las causas para no perjudicar el resto del proceso y, por esa razón, rechazaron su solicitud.
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“Existe un mandato legal expreso que, ineludiblemente, impone la obligación de separar la causa para que se continúe en la jurisdicción ordinaria contra quienes no proceda el antejuicio. Resolver lo contrario implicaría dictar una resolución contraria a la ley (...)”, resolvió la Sala.
Hay que recordar que en este caso se está investigando una supuesta red de tráfico de influencias y corrupción, tras una denuncia que reveló contratos con sobreprecio de 12.400 millones de colones anuales, para la administración de 138 EBAIS.
Al parecer, los directivos de la Caja presionaron para que se adjudicaran estos contratos a una serie de cooperativas.
