EscucharHay un proyecto de ley que tiene a los diputados agarrados del pelo, se trata de una iniciativa que pretende darle armas a las autoridades judiciales para luchar contra el crimen organizado.
La iniciativa permitiría que la Fiscalía solicite secuestrar capitales (plata o bienes) de dudosa procedencia.
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Los legisladores aprobaron en una reñida votación darle continuidad al proyecto, quitando una parte que era inconstitucional, según señaló la Sala Constitucional. 24 diputados votaron a favor y 21 en contra.
A favor de eliminar el inciso votaron los legisladores del Partido Liberación Nacional (PLN), el Frente Amplio (FA) y cuatro congresistas independientes. En contra votaron los oficialistas, la Unidad Social Cristiana (PUSC), Nueva República (PNR) y el Partido Liberal Progresista (PLP).
Los que votaron en contra pretendían devolver el expediente a una comisión legislativa para hacerle otros cambios por cosas que vieron “de último minuto”, a pesar de que la Sala Constitucional solo había encontrado un vicio en el texto.
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Ya se había votado en primer debate, pero algunos se arrepintieron
Esta iniciativa ya se había votado afirmativamente en primer debate en agosto pasado, pero como se mandó la consulta a la Sala IV el proceso se frenó. Ahora que ya se sabe que solo había un inciso inconstitucional, se pretende corregir eso para seguir el procedimiento. Lo que corresponde es luego presentar un texto sustitutivo con el cambio para volver a votar el proyecto en primer debate y días después en segundo.
El objetivo del proyecto es permitir el congelamiento o secuestro de bienes o cuentas bancarias que parezcan ser de origen ilícito. En la versión final, se permite que solo la Fiscalía pueda solicitar a un juez el congelamiento mediante una medida cautelar anticipada.
En la versión anterior, esa potestad también la tenían la Contraloría General de la República (CGR) y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD). También se eliminó el monto a partir del cual se podrá solicitar el congelamiento de capitales de origen sospechoso, ese monto se había fijado, originalmente, en $50.000 (unos ¢25 millones).
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Ahora, quedará a criterio de los investigadores cuándo solicitar el congelamiento. La ley aplica tanto para funcionarios públicos como para personas particulares, sean físicas o jurídicas.
La medida tiene el objetivo de asegurar, secuestrar, conservar o verificar bienes y productos financieros de interés para investigaciones judiciales, siempre que se considere que podrían ser sustraídos u ocultados de las autoridades judiciales.
El texto detalla que en el plazo de tres días desde el congelamiento, se llevará a cabo una audiencia y un juez determinará, con base en las pruebas, si mantiene, modifica o revoca la medida cautelar. Adicionalmente, el proceso obliga al Ministerio Público a presentar la denuncia en un plazo de un mes.
La fracción del Liberal Progresista ha estado en contra de la iniciativa desde el primer momento. Eliécer Feinzaig había dicho que su fracción votó en contra en el primer debate por considerar que el proyecto “hace algo muy grave contra la democracia costarricense”, dice que se invierte la carga de la prueba, es decir, “el ciudadano es culpable hasta que demuestre lo contrario”.
El congresista cuestionó que el Ministerio Público podrá, incluso sin que exista denuncia, solicitar un congelamiento de capitales o bienes. Feinzaig también cuestionó que no haya un monto razonable a partir del cual se pueda solicitar esa medida.
