EscucharRodrigo Chaves inició una semana para el olvido, luego de que el fiscal general, Carlo Díaz, anunciara la apertura de una investigación en su contra por el supuesto delito de concusión.
Y si bien es un golpe durísimo para Chaves, no es él unico presidente en ejercicio que ha sido investigado por la Fiscalía, en realidad es el segundo.
El primero es una persona que conoce muy bien y a la que no le tiene cariño.
Antes de continuar, a modo de resumen, a Chaves y al ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez, se les investiga por, en apariencia, obligar al productor audiovisual, Christian Bulgarelli, darle un dinero a Francisco “Choreco” Cruz, amigo y asesor de campaña electoral de Chaves.
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Al parecer, Casa Presidencia quería usar los $405.800 (¢206.918.550) donados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para contratar servicios de comunicación.
Supuestamente, entre Choreco y Bulgarelli armaron el contrato, que al final se licitó de manera pública y terminó en manos de Bulgarelli y su productora, RMC La Productora S.A.
Pero, antes, según cree la Fiscalía, Bulgarelli tenía que darle $32.000 (¢16.349.120) a Choreco, dinero que se usó para pagar el enganche de una casa.
Nada que celebrar
Rodrigo Chaves regresó a Costa Rica a petición de Carlos Alvarado y, si bien compartieron poco tiempo, no se pueden ver ni en pintura. Ahora, quieran o no, comparten algo más en común: son los únicos dos presidentes en ser investigados, mientras ejercían, por la Fiscalía.
En el caso de Alvarado, los hechos se remontan a febrero del 2022, poco antes de que terminara su administración, cuando la Fiscalía solicitó llevarlo a juicio por el “Caso UPAD”.
Para refrescarles la memoria, la UPAD (Unidad Presidencial de Análisis de Datos) fue una unidad creada a través de un decreto presidencial que, en apariencia, buscaba analizar datos para mejorar las políticas públicas.
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Lo que no dijeron, fue que esta unidad tendría acceso a datos personales de los ticos, algo que causó furor y resultó en el histórico allanamiento a Casa Presidencial y al Ministerio de Planificación (Mideplan).
Al final, la fiscalía abrió una investigación contra Alvarado por los presuntos delitos de prevaricato, fraude de ley y abuso de autoridad.
Y si bien se habló de levantar la inmunidad de Alvarado, al final el caso no llegó a nada, luego de que no se pudiera demostrar que los datos se utilizaron para fines ilícitos.
Eso sí, el expediente sigue abierto.
