Yara Jiménez, presidenta de la Asamblea Legislativa, tuvo que echar para atrás la polémica decisión que tomó el lunes cuando inició la discusión del presupuesto nacional 2027, con el trámite del segundo debate, pese a que la Sala Constitucional emitió una medida cautelar para frenar el procedimiento.
Este martes, la diputada del Partido Pueblo Soberano (PPSO) anunció que se suspendía la discusión del presupuesto debido a que la Sala envió dos documentos y uno de ellos frenaba el procedimiento debido a que hay en curso consultas de constitucionalidad.
Diputados de oposición pegaron el brinco
Los diputados de oposición fueron claros desde que llegó la primera comunicación de la Sala: el procedimiento debía suspenderse por completo. Sin embargo, Jiménez y los demás legisladores oficialistas insistían en que sí se podía discutir el proyecto, pero no se podía llevar a cabo la votación, por lo que esa parte del proceso la dejarían para después. Esa resolución fue dada por el magistrado Fernando Cruz, presidente interino de la Sala IV.
El bloque de oposición hasta apeló la decisión de la Presidencia del Congreso de iniciar la discusión, pero como los oficialistas tienen mayoría, rechazaron la apelación.
Minutos después de que se iniciara la discusión del presupuesto en segundo debate, y luego de que dos legisladoras del Frente Amplio hablaran a modo de protesta por lo que estaba pasando, ya que consideraron que se estaba desobedeciendo a la Sala, Yara Jiménez pidió un receso de 10 minutos, pero antes de que se cumpliera el tiempo, reanudó la sesión para finalizarla, sin dar explicaciones.
Minutos después se dio a conocer que se había recibido la segunda comunicación de la Sala Constitucional en la que se dejaba muy claro que debía suspenderse también la discusión del presupuesto, esta vez emitida por la magistrada Ingrid Hess, y por eso es que Yara levantó la sesión de pronto.
Una señal muy peligrosa
Las acciones de la presidenta del Congreso y los demás legisladores oficialistas, de no atender lo que la Sala ordenó, son señales muy peligrosas, según el abogado constitucionalista Fernando Zamora.
“Lo que está haciendo la Sala es simplemente suspendiendo temporalmente la votación en segundo debate y consustancialmente con ello el debate... por una solicitud que interpone el Poder Judicial ante la Sala Constitucional, que es la correspondiente a dirimir las divergencias entre los poderes de la República.
“Eso no significa, por supuesto, que la Asamblea no vaya a aprobar el presupuesto antes del 30 de noviembre, que es lo que la Constitución ordena. Ahora bien, el debate y la votación deben suspenderse necesariamente, si no se hace, es una desobediencia y es un delito que cometerían los diputados porque sería violentar abiertamente el orden constitucional”, manifestó Zamora.
Un desacato a la Sala Constitucional
El politólogo Gustavo Araya coincide con el abogado y dice que los diputados desacataron la orden de la Sala.
“Efectivamente, lo que se dio este lunes es un desacato en términos técnicos y políticos. No habría que ver la figura completa de todo lo sucedido para conocer el criterio técnico-jurídico y de comportamiento en la Asamblea Legislativa, pero desde el punto de vista político sí es un desacato, evidentemente.
“Si ya la Sala Constitucional había señalado que no podía darse la votación en segundo debate del presupuesto de la República, pues evidentemente eso implica todo el proceso de ese segundo debate”, manifestó el experto.
