Rodrigo Chaves, presidente de la República, va a tener que ir a bañarse con agua bendita a la Basílica de Los Ángeles, a ver si acaso se le acaba su mala racha.

No ha podido pegar ni uno solo de sus proyectos estrellas. El último golpe en ese sentido lo recibió el martes cuando la Contraloría General de la República le rechazó un recurso de apelación a favor del proyecto Ciudad Gobierno, por lo que esa iniciativa está varada y con posibilidades de morir.

Entre las cosas que no aprueba la Contraloría están las siguientes:

1. Que el arrendamiento de bienes inmuebles por construir o en proceso de construcción debe ser sobre terrenos privados, no públicos.

2. Que la norma no ampara encargar directamente a un tercero el diseño y construcción de obra pública a la medida.

3. Que el arrendamiento financiero es endeudamiento.

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4. Que el artículo 67 no contempla el diseño, construcción en terrenos públicos, arrendamiento, administración y posterior transferencia de los bienes al Estado.

Otros de los proyectos estrellas del Poder Ejecutivo que fracasaron es el de Jornadas 4x3 y las cinco iniciativas en materia de seguridad que fueron desconvocadas en la Asamblea Legislativa.

Desconocimiento e incapacidad

La politóloga Fanny Ramírez explica que el fracaso de los proyectos insignias de Rodrigo Chaves tiene mucho que ver con su desconocimiento e incapacidad.

“Hemos visto como desde el punto de vista del Poder Ejecutivo, cuando algo no sale, la reacción inmediata es buscar o echarle la culpa a otras instituciones o a otros poderes, cuando en realidad muchos de estos proyectos están con errores de forma, por lo tanto, se evidencia un desconocimiento de lo que es propiamente la estructura y tramitología del Estado.

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“Esto responde a la falta de solidez de un proyecto político con personas que tengan la experiencia en lo que es la administración pública, puede haber muy buena voluntad, pero lamentablemente no hay conocimiento ni capacidad técnica para implementarla. Hay que ser claros, no solo son los jerarcas los que dan la cara, también son los asesores, ¿quiénes son los asesores que están detrás, que no están cumpliendo con su trabajo?”, manifestó la especialista.

Ramírez dijo también que estos fracasos le salen bien caros a todos los ciudadanos.

“Esto nos afecta porque cada vez que un proyecto no avanza, nosotros estamos pagando por esos proyectos, estamos pagando por que haya un avance en todo el desarrollo del país que se está quedando.

“Desde el punto de vista político esto implica una factura muy costosa para el Gobierno, porque se había prometido que iba a acabar con todos aquellos negocios de alquileres, y se había prometido con bombos y platillos de que se iban a eliminar los intereses de algunos cuantos que se estaban aprovechando del Gobierno, con este proyecto”.

La politóloga dijo que lamentablemente algo que tuvo una buena iniciativa, debido a la necesidad de dejar de estar pagando esos altos alquileres, está varada por falta de conocimiento y de capacidad.

“Si el presidente Rodrigo Chaves tuviera la capacidad de hacer un mea culpa y reconocer los errores que ha cometido y no buscar en otros los culpables, o decir que es que le están obstaculizando la labor, sería algo muy provechoso.

“Sería ideal que dejen de hablar tanto y que empiecen a hacer, que las palabras estuvieran acompañadas de hechos, porque lo ha prevalecido en este Gobierno es mucho enojo, mucho discurso, mucha retórica vacía, porque a la hora de los hechos los proyectos se caen o se desconvocan que es peor todavía”, aseguró Ramírez.

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Pilar Cisneros está enojada

Al consultarle a la diputada oficialista Pilar Cisneros qué piensa sobre la decisión de la Contraloría, no ocultó su enojo y hasta le tiró.

“Me parece una barbaridad, es increíble que ahora la Contraloría también ya se convierte en un Poder de la República, otras instituciones como la Asamblea Legislativa y como la Corte han hecho sistemas muy similares donde ellos ponen el terreno, un banco financia el edificio y luego se va pagando poco a poco hasta que ya la propiedad se revierte a nombre de la institución.

“Ciudad Gobierno le va a permitir ahorrar al país 25 millones de dólares al año. El BCIE está dispuesto a hacer toda la inversión, cobrar ese dinero durante 20 años y luego revertir las propiedades. Ciudad Gobierno significa que ahí van a trabajar 100 mil empleados públicos, que va a dinamizar el centro de San José, que la gente va a tener mucha mayor facilidad para poder hacer sus vueltas con las instituciones públicas en un solo lugar y que el país se va a ahorrar miles de millones en alquileres.

“Yo me pregunto quién estará detrás de que las cosas no salgan, porque aquí hay intereses muy poderosos de gente que cobra alquileres carísimos por edificios a veces en peśimas condiciones al Estado y que por supuesto no le interesa que Ciudad Gobierno avance”, manifestó la legisladora.