Las presuntas víctimas del sacerdote Mauricio Víquez interpusieron una nueva demanda civil ordinaria por un monto de ¢400 millones.

En esta ocasión, la demanda incluye al arzobispo de San José, José Rafael Quirós, a las entidades jurídicas de la Iglesia católica (Conferencia Episcopal y Temporalidades) y a Víquez.

“Mauricio Víquez no estaba demandado civilmente, solo penalmente. Tampoco lo estaba monseñor José Rafael Quirós. Estamos solicitando el pago de daños y perjuicios producto del encubrimiento que desde el año 2003 se dio por parte de la Iglesia católica y sus dirigentes.

"A los arzobispos (Hugo) Barrantes y (José Rafael) Quirós les constaba la situación que atravesaban los muchachos y la Iglesia no tomó ninguna decisión que la impidiera”, aseguró Rodolfo Alvarado, el abogado de los denunciantes.

La demanda está a nombre de Michael Rodríguez, Anthony Venegas y Carlos Muñoz.

“Ni monseñor Quirós ni nadie más dentro de la Arquidiócesis de San José o de la estructura de la Iglesia católica hizo algo por evitar o corregir lo que sucedía. Sea por una negligencia absoluta, o bien por la deliberada intención de encubrir las fechorías sexuales del presbítero Víquez Lizano, la jerarquía eclesiástica no dio trámite alguno a lo acusado”, se lee en la demanda.

"Se limitó a mover de parroquia al cura agresor y a asignarle, incluso, labores de mayor rango e importancia dentro de la estructura general de la Iglesia católica. Nunca lo denunció penalmente, tampoco, en esa época, abrió un proceso canónico en su contra. Simplemente fingió que nada había pasado”, añade el documento.

La Curia Metropolitana indicó que no han recibido la notificación de la querella, por lo que no se pueden referir.

Y sobre los supuestos encubrimiento respondieron: “Reiteramos lo dicho anteriormente sobre este tema en cuanto a la participación de monseñor Quirós y negamos cualquier encubrimiento de los mismos”.

“Una vez que el señor Víquez esté en el país, si lo extraditan, nos van a tener que poner en conocimiento de esas demandas. Es claro que todo tiene un propósito. Se ha dicho que lo que busca la gente es precisamente el resarcimiento o el dinero, y aquí con la presentación de la demanda civil quedan claras las pretensiones de las víctimas”, indicó por su parte Rafael Rodríguez, abogado de Mauricio Víquez.

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El 18 de agosto, el cura de 55 años fue detenido en San Nicolás de los Garza, en Monterrey, México, luego de permanecer el fuga desde inicios de este año. Víquez fue arrestado gracias a una orden de captura internacional solicitada por el Ministerio Público.

Proceso lento

Sobre el proceso de extradición de Víquez, el abogado Alvarado indicó que siguen esperando pues puede darse este o incluso hasta el próximo año.

“Para efectos prácticos el tema de prescripción está interrumpido, por lo que no nos tiene preocupados el tiempo que pueda transcurrir”, aseguró.

Mientras que el abogado Rodríguez aseguró que están a la espera de la documentación que mandará Costa Rica a México, tras la decisión que tomó la jueza penal de aprobar la solicitud de extradición.

“Dicha solicitud aún no ha llegado a las autoridades mexicanas, está en trámite. Si en el proceso no se acoge a la extradición voluntaria, tarda unos cuatro o cinco meses. El juez que lleva el caso en México deberá hacer un estudio con base en nuestra teoría de que hay hechos prescritos y determinar bajo cuáles hechos podrá ser extraditado y cuáles no”, indicó Rodríguez, quien sostiene que solo una demanda no está prescrita, la de un joven llamado Josué.

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Chats fueron claves

Mensajes de WhatsApp fueron las pruebas determinantes para decidir que Víquez nunca más pueda ejercer el sacerdocio.

Las fotos de dichos chats entre el cura y uno de los presuntos ofendidos, Michael Rodríguez, fueron parte de la evidencia que tomaron en cuenta las autoridades canónicas ticas para acoger la instrucción de la Congregación para la Doctrina de la Fe, con sede en el Vaticano, la cual decidió expulsar a Víquez del estado clerical.

La resolución canónica no revela dichas conversaciones, pero concluye que “existían suficientes indicios para determinar que sí se dieron juegos sexuales propiciados y realizados por el acusado”.