EscucharLa Procuraduría General de la República aún no responde la consulta hecha este jueves por la diputada liberacionista Paulina Ramírez, sobre si el aumento de salario a los ministros y viceministros contradice la ley, específicamente la reforma fiscal.
El departamento de prensa de la Procuraduría dijo este viernes a La teja que la consulta seguirá el trámite ordinario y que no tienen un plazo establecido para responderle a la legisladora, sin embargo, esperan que sea lo antes posible.
El decreto con el ajuste salarial fue publicado este jueves 23 de junio y rige a partir de este mismo mes de junio.
Con la norma publicada, el sueldo base de los ministros pasó de ¢1.350.000 a ¢2.680.000 mensuales y el de los viceministros de ¢1.300.000 a ¢2.570.000.
La diputada, quien también es presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea, envió la consulta directamente a la procuradora adjunta Magda Inés Rojas y planteó que la regla fiscal limita que el Ejecutivo haga ese tipo de ajustes salariales.
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La regla fiscal dice que, en el peor escenario de la situación fiscal como la que vive actualmente el país, con un nivel de endeudamiento igual o superior al 60% del producto interno bruto (PIB), “no se realizarán incrementos por costo de vida en el salario base, ni en los demás incentivos salariales”.
En la argumentación enviada a la Procuraduría, Ramírez dijo que, “por lo tanto, el decreto ejecutivo 43585-H-PLAN-MTSS (que aumenta el salario de los ministros y viceministros) podría resultar contrario a ley y fuera del bloque de legalidad”.
La liberacionista manifestó que es necesario que se determine si la actuación del presidente de la República, Rodrigo Chaves, se ajusta o no a lo que dictan las leyes.
“Solicito a la Procuraduría que rinda criterio jurídico sobre la legalidad de la actuación del presidente de la República, vía decreto, al otorgar un ajuste al salario base de ministros y viceministros, así como también respecto a la competencia de la Autoridad Presupuestaria de aplicar revaloraciones salariales a los puestos excluidos del régimen de Servicio Civil, mientras persistan las condiciones de endeudamiento que la ley ha fijado como parámetro para congelar los aumentos salariales”, solicitó la legisladora.
