EscucharLuego de que se diera a conocer que el Banco Central pidió datos crediticios de empresas y personas costarricenses a la Superintendencia General de Entidades Financieras y a cuatro bancos, se encendieron las alertas sobre la falta de protección de datos personales.
La justificación que dio el presidente del Banco Central, Róger Madrigal, sobre la solicitud, fue que que necesitaban la información para generar una base de datos acerca de un nuevo indicador, el hidrológico, que, afirma, fue solicitado en el convenio con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Varios diputados están como agua pa’ chocolate por la situación y, por eso, la fracción legislativa del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) presentó un proyecto de ley que busca proteger la información privada o que contenga datos sensibles de los costarricenses.
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La iniciativa pretende limitar a las instituciones públicas o privadas del sector financiero para que no puedan entregar información sin tener el aval de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF).
“Toda información que sea entregada deberá ser anonimizada, sin excepción, salvo que dicha solicitud provenga de una orden judicial o que exista una ley habilitante para tales efectos.
“Además, queda prohibido para el Banco Central de Costa Rica, así como para sus jerarcas y funcionarios, solicitar de forma masiva a cualquier institución pública o privada del sector financiero, información personal de los usuarios o de los consumidores del sector financiero nacional, de forma tal que no sea posible asociar o vincular los datos del usuario con la respectiva cuenta”, informó el PUSC.
De aprobarse la propuesta el Poder Ejecutivo contará con un plazo de 60 días naturales para reglamentar la ley a partir de su entrada en vigencia.
