Los diputados del Partido Frente Amplio presentaron un proyecto de ley que pretende evitar que se silencien los casos de abusos sexuales y violaciones a menores de edad; sin embargo, toca un tema muy sensible para la iglesia Católica y eso genera polémica.

El proyecto de ley fue dado a conocer este lunes por el diputado Antonio Ortega.

El legislador explicó que la iniciativa plantea modificar los artículos 206 y 281 del Código Procesal Penal para eliminar los privilegios de impunidad protegidos en el “secreto de confesión” del que gozan los sacerdotes, mientras que otros funcionarios como médicos y abogados cubiertos por el “secreto” solo disfrutan de una protección relativa del llamado “secreto profesional” o “secreto de Estado” respectivamente, con lo que se propone igualar ambas condiciones.

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Cambios en la Ley

Para lograr esto en el artículo 206 se haría un cambio importante:

“Deberán abstenerse de declarar sobre los hechos secretos que hayan llegado a su conocimiento en razón del propio estado, oficio o profesión, los ministros religiosos, abogados y notarios, médicos, psicólogos, farmacéuticos, enfermeros y demás auxiliares de las ciencias médicas, así como los funcionarios públicos sobre secretos de Estado. Sin embargo, estas personas no podrán negar su testimonio cuando sean liberadas por el interesado del deber de guardar secreto. En caso de ser citadas, estas personas deberán comparecer y explicar las razones de su abstención. Si el tribunal estima que el testigo invoca erróneamente la facultad de abstenerse o la reserva del secreto, ordenará su declaración mediante resolución fundada”, especifica el proyecto de ley.

Antonio Ortega explica que, por ejemplo, si un sacerdote recibe bajo el secreto de confesión el testimonio de una víctima de un abuso sexual o de un abusador, y esa persona en algún momento decide contar lo que vivió o el delito que cometió, el cura podría entonces romper el secreto de confesión.

En cuanto al artículo 281 se haría también una modificación para que los abusos y violaciones sean denunciados de forma obligatoria.

“Quienes desempeñen cargos de autoridad y representación en organizaciones que prestan servicios comunitarios, sociales, religiosos o deportivos, que hubieran identificado indicios de delitos sexuales en perjuicio de persona menor de edad o mayor con discapacidad cognoscitiva o volitiva, deberán plantear la denuncia penal de manera inmediata. Lo anterior sin perjuicio de otras investigaciones y procedimientos a lo interno de sus organizaciones, de las que tendrán que notificar a las autoridades” agrega el proyecto.

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Iglesia defiende su punto

Al consultarle a la iglesia Católica su posición sobre lo que indica el proyecto de ley, los obispos enviaron una respuesta en la que aseguran que los casos de violaciones y abusos a menores les preocupa mucho, por eso están trabajando mucho en el tema.

“En nuestra iglesia se instaló, hace varios años ya, la Comisión Nacional de Protección de Menores y Adultos en Vulnerabilidad, desde la cual se promueven acciones a nivel diocesano y nacional para sensibilizar, formar y prevenir a todos los miembros de la iglesia en el tema de los abusos sexuales.

“Hemos creado protocolos para la prevención y la actuación frente a situaciones de abuso de menores y adultos vulnerables, abrimos canales para la presentación de denuncias y ofrecemos espacios formativos (talleres, seminarios, cursos académicos, entre otros) sobre la temática”, indica el documento.

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Los sacerdotes defendieron a capa y espada el secreto de confesión, ya que aseguran que no es negociable.

“El Código de Derecho Canónico establece que el sigilo sacramental es inviolable; por lo cual está terminantemente prohibido al confesor descubrir al penitente, de palabra o de cualquier otro modo, y por ningún motivo. El fundamento de dicha disposición es proteger al penitente y la necesaria confianza de quien acude buscando la reconciliación con Dios y el perdón de sus pecados”, informaron los religiosos.

Esta protección cubre a los sacerdotes y los exime de la obligación de responder en juicios respecto a lo que saben, además los libera de ser testigo en relación con lo que conoce.

“La colaboración entre las autoridades y la Iglesia católica con el objetivo de alcanzar justicia en las causas judiciales, no implica acabar con el sigilo sacramental, algo esencial para la religión y la libertad religiosa.

“Cualquier acción política o iniciativa legislativa encaminada a ‘forzar’ la inviolabilidad del sigilo sacramental constituiría una violación de la libertad religiosa, que es jurídicamente fundamental para cualquier otra libertad, incluida la libertad de conciencia de los ciudadanos”, aseguran los obispos.

También consultamos la posición del Colegio de Médicos y del Colegio de Abogados sobre el proyecto de ley, pero las dos instituciones dijeron que necesitaban más tiempo para analizarlo y dar un criterio.