¡Qué relajo! Estudiantes de una escuela en Costa Rica tienen que hacer sus necesidades a la interperie

Parece mentira que a estas alturas de la vida haya una escuela que tenga un servicio sanitario de hueco, pero es una triste realidad.

Se trata de la escuela Las Rosas, localizada en el territorio Bribri de Salitre, cantón de Buenos Aires de Puntarenas, en la comunidad indígena del mismo nombre.

Las condiciones de ese centro educativo son tan lamentables que tiene una orden sanitaria del Ministerio de Salud, pero aún así sigue funcionando.

La situación es tan complicada que se puso un recurso de amparo ante la Sala Constitucional para que se hagan las mejoras necesarias para la seguridad y bienestar de los menores que reciben clases en ese lugar.

Según se detalla en el recurso de amparo, la escuela sí cuenta con servicios sanitarios en cantidad adecuada, pero ninguno funciona bien, por eso se han visto obligados a usar el servicio de hueco que está a más de 20 metros de las aulas, sin embargo, ya se llenó y entonces ahora los pequeño hacen sus necesidades a la intemperie.

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La estructura que funciona como cocina y comedor tiene un fogón que no cumple con los requisitos mínimos, ya que el techo donde está se encuentra deteriorado.

Además, en el aula de la docente auxiliar de primer y segundo ciclo el techo está muy deteriorado y el agua se filtra en cantidades exageradas, al grado de que a veces los niños juegan barquitos en el piso. Las aulas tienen muy poca ventilación, por lo que son sumamente calientes; las pilas que se usaban para lavarse las manos no sirven, ya que las tuberías están dañadas y no existen pasadizos techados, por lo que, cuando llueve, los estudiantes se mojan al pasar del comedor a las aulas.

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Pese a que es derecho de los estudiantes de esa escuela recibir clases de cultura y lengua, lo único que existe para eso es un rancho con el techo dañado, al que le ingresa agua por todos lados cuando llueve, lo que imposibilita impartir las lecciones.

Los magistrados que analizaron el recurso lo declararon con lugar y ordenaron a la ministra de Educación, Anna Katharina Müller Castro y Lourdes Suárez Barboza, directora de Infraestructura Educativa del MEP, hacer lo necesario para que estos problemas se resuelvan en un máximo de seis meses.