La votación de la ley jaguar para llevar a cabo el referéndum que quiere el Gobierno levantó todo un polvorín en la Asamblea Legislativa.
Algunos diputados están deseando que se vote este martes 25 de junio en el plenario, como se tenía definido antes de que los legisladores presentaran la consulta a la Sala Constitucional, y otros están haciendo todo lo posible para que eso no pase.
El panorama se complicó aún más porque el presidente del Congreso, Rodrigo Arias, está internado debido a que tiene influenza, entonces la decisión final de si se hará la votación o no recaerá sobre la diputada de Nueva República, Rosalía Brown, vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, quien tiene toda la intención de que el proyecto de ley se vote este martes.
Antes de incapacitarse, Rodrigo Arias había suspendido el trámite de la votación mientras la Sala analizaba la consulta, pero el viernes pasado los magistrados rechazaron la consulta argumentando que este no era el momento procesal para presentarla, por lo que Rosalía dice que no hay por qué retrasar el proceso.
“Todo sigue conforme estaba planeado con don Rodrigo para retomar el tema del debate del referéndum mañana (martes). Está estipulado que se haga un debate reglado, cada fracción tiene su tiempo, lo que trataríamos de hacer es que sea un debate equilibrado, manteniendo la buena comunicación entre las fracciones. Los tiempos de cada fracción los vamos a establecer”, dijo Brown.
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Diputados no quieren que se vote aún
El diputado Óscar Izquierdo, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional, dice que, según su criterio, lo correcto sería suspender la votación para esperar la resolución completa de la Sala y así tomar una mejor decisión.
“Mientras no esté el voto completo no podemos entrar a discutirlo ni mucho menos votarlo... ese ha sido el procedimiento usual.
“Si no llega el voto de la Sala no tiene sentido (votar la ley jaguar este martes) nosotros como legisladores tenemos la responsabilidad de legislar de acuerdo a la ley, somos absolutamente respetuosos de lo que la Sala diga, lo que pasa es que no sabemos que fue lo que la Sala dijo, en esencia”, expresó Izquierdo.
El diputado Eli Feinzaig, del Partido Liberal Progresista, coincide con Izquierdo en que debe retrasarse la votación.
“Nosotros estamos trabajando una nueva consulta, a mi juicio bastante mejor planteada, ya está lista, vamos a revisarla ahora en reunión de fracción y estamos tratando de conseguir las firmas.
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“Tenemos un argumento que no se desarrolló en la consulta de Liberación Nacional de que este es el momento procesal ideal, de hecho hay jurisprudencia de la Sala que reitera lo que dice la ley de Jurisdicción Constitucional de que la intención es que la consulta se haga antes del acto definitivo”, expresó el liberal.
Feinzaig dice que para ellos el acto definitivo es esa única votación que tendrán, ya que, a diferencia de un proyecto de ley normal, este no tendrá dos debates, sino una votación única. Si votan a favor al menos 29 diputado el proceso seguirá el trámite en el TSE y si no, entonces morirá en el Congreso.
Oficialistas están deseando que se vote la ley jaguar
La diputada oficialista Pilar Cisneros asegura que hará todo lo posible que para que el proyecto de ley se vote este martes.
“Quedó absolutamente claro que la consulta es improcedente, entonces ¿para qué vamos a tener que esperar la resolución final? La Sala no vio el asunto por el fondo, solo dijo si era procedente la consulta o no.
“Voy a tratar de insistir y voy a hablar con los asesores de la Presidencia del Congreso, deberíamos votar el proyecto de ley”, dijo Cisneros.
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La diputada dice que si el PLP presenta una nueva consulta la respuesta de la Sala sería la misma, por lo que no lo ve viable.
La ley jaguar ha sido muy polémica porque, según los expertos, modifica las competencias de la Contraloría General de la República y las debilita.
El presidente Rodrigo Chaves asegura que pretende “fortalecer” a la Contraloría porque se le han escapado un montón de “elefantes”, haciendo alusión a casos de corrupción del pasado y con la reforma eso cambiaría, aunque muchos de los casos de los que hablan no han sido competencia de la Contraloría.
Con los cambios que propone la ley jaguar se le impediría a la Contraloría revisar la legalidad de los procesos de contratación antes de que estos sean ejecutados; solo se le permitiría actuar ya después de que se concreten, o sea, ya pa’ qué.
Además, se le quitaría a la institución la potestad de suspender los contratos del Estado cuando detecte irregularidades o ilegalidades. La propuesta de Chaves es que los procesos solo puedan suspenderse por medio de una orden judicial.
Otra de las modificaciones es que la Contraloría “no podría sustituir, abarcar, interferir, ordenar, interpretar, advertir, recordar, ni recomendar asuntos que corresponden exclusivamente a las competencias propias de la administración pública activa en toda su extensión”, es decir, no podría interferir ni frenar procesos irregulares del Gobierno.