EscucharRodrigo Chaves y Pilar Cisneros salieron embarrados en la fuerte decisión que tomaron los diputados este lunes, sobre la polémica con la agencia de publicidad del Sinart.
Los legisladores aprobaron el informe de mayoría, que fue dictaminado en la comisión especial que investigó los supuestos chanchullos del Sinart, y entre las recomendaciones de dicho escrito, le piden a la Fiscalía investigar al presidente Chaves y a la diputada Cisneros.
Los diputados analizaron las contrataciones del Sinart y la mayoría llegó a la conclusión de que Rodrigo Chaves habría usado la agencia de publicidad para concentrar la pauta estatal y que se habría asignado contratos a los medios de comunicación afines al gobierno.
El informe dice que esas decisiones salieron de Casa Presidencial, específicamente del Comité Editorial de Comunicación, conformado por el mandatario y, además, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez; la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, y la diputada Pilar Cisneros. También formaban parte la exministra de Comunicación Patricia Navarro, y Federico Cruz “Choreco”, quien era asesor.
Además, señalaron al productor audiovisual Christian Bulgarelli como el encargado de redactar los términos y condiciones del contrato que le otorgó el BCIE por más de $400.000 (casi 214 millones de colones al tipo de cambio actual).
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Fuertes recomendaciones contra Cisneros y Chaves
El informe menciona varias recomendaciones, entre ellas solicita que se investigue a todos los actores señalados.
“Investigar la contratación de la empresa RMC La Productora de Christian Bulgarelli por la participación en la redacción de los términos y condiciones del cartel de licitación del cual también fue adjudicatario, así como a los funcionarios públicos Natalia Díaz Quintana y Jorge Rodríguez Vives por presuntamente facilitar dicha contratación”.
También pide que pongan bajo la lupa a “Choreco” y a Esmeralda Britton, presidenta de la JPS, por el supuesto delito de perjurio y falso testimonio, así como tráfico de influencias, y al presidente Chaves, por el presunto delito de tráfico de influencias.
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En otra de las conclusiones piden investigar a la diputada oficialista Pilar Cisneros por la “posible comisión del delito de divulgación de secretos” en perjuicio del ICE.
También le recomendaron al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) que investigue a Pilar porque al parecer su actuación contradice la Constitución: “Ningún diputado podrá aceptar, después de juramentado, bajo pena de perder su credencial, cargo o empleo de los otros Poderes del Estado o de las instituciones autónomas”.
Lo anterior se debe a que Cisneros es parte del Comité Editorial de Comunicación.
La legisladora asegura que no tiene nada que esconder, por lo que no le afecta que la investiguen.
