EscucharLa Sala Constitucional, más conocida como Sala IV, le pegó una regañada al gobierno de Costa Rica, por no cumplir con lo que se les pidió para solucionar la contaminación de agua en varias fuentes de Cartago.
Para quienes no están al tanto, desde el año pasado, se ha denunciado que las nacientes Carlos Calvo y Plantón, en Oreamuno y Alvarado de Cartago, están contaminadas con el plaguicida clorotalonil.
Recientemente, se dio a conocer que tras un muestreo, realizado en noviembre de 2024, en tres de las cuatro fuentes de agua, los niveles del pesticida estaban por debajo del Valor Máximo Admisible Ajustado por Riesgo (VMAAR).
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“No obstante, en la fuente denominada ‘Benjamín’, perteneciente a la ASADA de Santa Rosa de Oreamuno, persiste una concentración superior a los niveles permitidos, por lo que se mantiene vigente la orden sanitaria correspondiente”, se lee en el informe.
Socollón
Ahora, tras estos informes y a pesar de que, desde el 30 de noviembre del 2023, se publicó un decreto ejecutivo para prohibir el uso de este pesticida, según los denunciantes, aún se usa como si nada como parte de las actividades agrícolas.
Por esta razón, la Sala IV le jaló el mecate al Ministerio de Salud y al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y los obligó a solucionar, de manera definitiva, este problema.
Según los magistrados, las autoridades levantaron las medidas sanitarias con base en parámetros de la Organización Panamericana de la Salud, sin considerar que los valores del Reglamento para la Calidad del Agua Potable en realidad son los vigentes.
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Y como se encontraron rastros de este plaguicida, la Sala determinó que el gobierno incumplió con sus labores y ahora tendrán que ver cómo lo solucionan.
En caso de no hacerlo, María Alejandra Mora, gerente del AyA y, Óscar Rodríguez, director del Área Rectora de Salud de Oreamuno, podrían enfrentarse penas de entre tres meses y dos años de prisión o de veinte a sesenta días multa, si no hacen caso.
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