La solemnidad de la tradicional misa de ocho de la mañana en la Catedral Metropolitana se vio alterada este jueves por la llegada de un grupo de agentes judiciales a la Curia, al lado sur del templo.

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Quince minutos después de que comenzara la celebración litúrgica cayó el Ministerio Público en cinco carros para allanar y recoger documentación sobre las dos investigaciones que se siguen contra sacerdotes sospechosos de delitos sexuales en contra de menores de edad, según confirmó la Fiscalía del II Circuito Judicial de San José y la Adjunta de Género.

Se trata de los casos del sacerdote Mauricio Víquez Lizano, de 54 años y quien es investigado por el presunto delito de violación calificada y el del cura Manuel Guevara Fonseca, de 52 años y a quien se investiga como sospechoso del presunto delito de abuso sexual contra persona menor de edad.

Doña Susana Vega, vecina de barrio Luján, llegó a la misa como de costumbre y asegura que un oficial le impidió bruscamente ingresar por la puerta sur (la que da a la Curia).

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"Esa no es manera de tratar a la gente. No es correcto porque en la vida todos fallamos y me duele tanto cómo están ocurriendo las cosas. Él no es un vulgar criminal, es una persona que falló como a cualquiera le puede pasar. Por eso tenemos que acoger la palabra de Dios que dice maldito el hombre que confía en el hombre”, opinó esta creyente.

Otro católico, Reinaldo Calero, de Pavas, también fue a misa de ocho. Nos contó que el sacerdote que la ofició no mencionó nada sobre el allanamiento y que todo transcurrió con normalidad.

Calero piensa que se trata de un montaje. “La Iglesia católica está siendo perseguida a nivel mundial por parte de personas inescrupulosas que se dedican a perjudicar su imagen”.

Salgan, den la cara

Mientras tanto, en las afueras de la Curia, por el lado del bulevar de la avenida 4, varias personas gritaban “¡Salgan! ¡Den la cara!, mientras los agentes judiciales se retiraban con los documentos decomisados.

El allanamiento se llevó a cabo desde las 8:15 am a las 9:26 a.m.

En las acciones participaron tres fiscales y se llevaron a cabo tanto en las sedes del Tribunal Eclesiástico (que funciona en el edificio de la Conferencia Episcopal), en barrio México, como en la Curia Metropolitana, en San José.

Los allanamientos fueron para recabar documentos relevantes para aportarlos a las causas, las cuales se encuentran en la fase preparatoria de la investigación, informó la Fiscalía.

Durante el allanamiento a la Conferencia Episcopal, un grupo de trabajadores rezó el Ave María y el Padre Nuestro, los cuales se escucharon desde la parte externa del edificio.

Mientras el allanamiento se desarrollaba, Manfred Barrantes llegó a interponer una nueva denuncia canónica en contra del sacerdote Guevara (ver nota aparte).

Luego de las acciones policiales en horas de la mañana, el vocero de la Curia Metropolitana, Jeison Granados, indicó que es la primera vez que las autoridades judiciales les solicitan información y que la aportaron con la mejor disposición de colaborar con el objetivo de que todo se esclarezca.

Se le consultó cuándo brindaría declaraciones el arzobispo de San José, José Rafael Quirós, acusado de encubrimiento en el caso de Víquez. Granados aseguró que ya se ha referido por medio de comunicados de prensa.

En un reciente comunicado emitido por la Conferencia Episcopal, los obispos pidieron perdón por las faltas cometidas por algunos sacerdotes, una de las víctimas, Anthony Venegas, respondió así:

“Me sorprende el cinismo con el que se trata de evadir responsabilidades con este tema, es inaceptable con la cantidad de casos de abuso sexual que se manejan en este momento. Esa disculpa es hipócrita, no la siento real porque no veo acciones ni respeto hacia nosotros como víctimas por parte de la Iglesia Católica, porque en cada comunicado de prensa lo único que hacen es revictizarnos, llamarnos mentirosos y cambiar las versiones. Son muchas las justificaciones y cada vez más los cuestionamientos", aseguró.

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Ya en horas de la tarde de este jueves, la Conferencia Episcopal y la Curia Metropolitana se refirieron nuevamente a los allanamientos.

En un documento leído a la prensa, los obispos aseguran que no han pagado por el silencio de los denunciantes de curas en ninguno de los casos investigados.

Agregaron estar preocupados por la filtración a los medios de la información contenida en los documentos secuestrados y sostienen que está siendo sacada de contexto, “dando pie a especulaciones y poniendo en peligro el honor de las personas cuyos nombres pudiesen aparecer en los documentos”.

“Censuramos y rechazamos, vehementemente, el compromiso de las autoridades judiciales en la ejecución de la orden de allanamiento, el cual calificamos de excesivo en cuanto a la exhibición de fuerza e intimidación a los colaboradores de la CECOR (Conferencia Episcopal), que en todo momento se mostraron dispuestos a colaborar con las autoridades”, dice el comunicado.

Los obispos aseguran que los 20 agentes que llegaron a la Conferencia Episcopal armados, con pasamontañas y equipo para derribar puertas, encerraron en un salón a los colaboradores del CECOR y les impidieron rezar el rosario, pues pusieron música a alto volumen.