Yendry Alvarado Porras, de 35 años, entró a la cárcel de mujeres Vilma Curling (Buen Pastor) el sábado 7 de setiembre.

A esta madre, vecina de San Vito de Coto Brus, su expareja le metió pensión alimentaria por ¢70.000 y ya debe varios meses. La deuda suma ¢350.000.

Yendry asegura que su pareja no necesita la plata y que él así se lo ha hecho saber, pero lo hace "para verla encerrada”.

Entre lágrimas y dolores intensos Yendry suplica que la dejen ver a su hija de 10 años pues no sabe cuánto tiempo le queda de vida.

Padece insuficiencia renal crónica (sus riñones están afectados y no pueden filtrar la sangre como deberían) tiene los riñones llenos de quistes y espera una cita en la Caja Costarricense de Seguro Social, para agosto del 2020. Entonces le dirán si requiere diálisis o un trasplante de riñón.

Mientras, tras la rejas del módulo de pensiones y con un sentimiento total de impotencia, solo puede pensar en su hija (cuya identidad nos reservamos) a la cual no ve desde hace cinco meses.

Yendry teme que la vida no le alcance pues además de sus padecimientos, tiene una enorme hernia en el estómago y su cuerpo se hincha constantemente desde los pies hasta la cara.

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“Yo no sé cuánto tiempo más me va a dar Dios. Todo el tiempo que él (su expareja) me ha quitado a mí me duele muchísimo. Yo la crié, ella ha estado siempre conmigo, solo hace dos años está con él. Ni siquiera puedo hablar con ella por teléfono, no me la pasan. Cuando la podía ver en el régimen de visitas y se me salían las lágrimas, ella me decía “mamita, no llore”, me abrazaba, dormía conmigo, yo le daba el cien por ciento del poco tiempo que teníamos juntas”, afirma.

Enfermedad y desempleo se unieron

Yendry era dependiente, trabajó en sodas y panaderías y se hizo cargo sola de su hija desde los 2 años, luego de que se separó. Asegura que nunca le metió pensión al padre de la niña porque él se lo pidió y le prometió que la ayudaría, pero esa ayuda nunca llegó.

Yendry y su niña se pasaron a vivir a San José, donde vivieron tranquilas unos años. Sin embargo, una vez que se le diagnosticó la enfermedad la situación se puso cuesta arriba. Asegura que debido a las constantes citas médicas perdió su trabajo y no consiguió más. Llenó decenas de currículos y nunca la llamaron y ante la falta la comida y sin un cinco, tomó una decisión de la cual se arrepiente.

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Hace poco más de dos años cometió un error para conseguir dinero. El error prefiere no detallarlo, pero dice que tuvo como consecuencia que le pusieran una tobillera electrónica y perder la custodia de su hija, que pasó a manos del papá de la niña.

Sostiene que a partir de allí comenzó su calvario. El régimen de visitas le permitía ver a la niña cada quince días y ahora no la ve del todo.

No se explica cómo toda enferma, con tobillera y sin trabajo, le metieron una pensión de ¢70.000.

“Es algo tan raro, mi expareja (agente de ventas) simplemente dijo que yo tenía un ingreso de ¢200.000 y yo realmente vivía en la casa de mi abuelita Margarita, de 84 años, la cual me regalaba el bocado. Sobrevivíamos con su pensioncita de ochenta mil colones”, comentó.

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Pero lo que más le duele es que su expareja no supere el error que ella cometió y que la menor de edad sea tomada como un medio de venganza.

Esta madre hace ahora un llamado a su expareja por este medio para que se sensibilice, para que lleguen a un acuerdo. Ella desea tener una relación de padre y madre como debe ser, que ambos velen por el bienestar de la niña y así dejar de hacerse daño ellos y dañar a la chiquita.

Proyecto busca cambiar realidad

El diputado del Bloque Nueva República Harllan Hoepelman y el exjuez Gilberth Gómez presentaron un proyecto de ley que pretende buscar trabajo para las personas privadas de libertad, que por su condición de desempleadas no pueden hacerle frente a sus obligaciones de pensión alimentaria.

También busca cerrar portillos para que el dinero proveniente de la pensión sea destinado exclusivamente a la manutención del menor de edad y así evitar que la persona adulta que lo reciba lo malgaste.