Una multa mensual de $100 (poco más de ¢ 50 mil), y que se cobrará desde el 2010 a los extranjeros que estén sin renovar sus documentos, causó este jueves una marcha de la Asociación Enlaces Nicaragüenses y varias organizaciones que forman parte de la Red Nacional de Migraciones (Rednam).
El cobro fue anunciado por Migración y Extranjería a los foráneos cuya visa o estadía esté vencida. Los manifestantes aseguran que la medida afectará a los trabajadores migrantes y golpeará directamente la economía tica.
Las multas se aplicarán a los que están sin renovar sus documentos desde el 2010.
La marcha se inició a las 10 a. m. frente a la Asamblea Legislativa y terminó a las 11 a. m. en Casa Presidencial, donde solicitarán al presidente Luis Guillermo Solís anular el decreto o firmar una prórroga, así como revisar y considerar un cobro que consideran muy caro.
El martes 19 de febrero la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) de Costa Rica, anunció que a partir del 20 de abril del 2018 entrará a regir la multa.
Lo que dice la Ley
Este cobro está en el Artículo 33, inciso 3 de la Ley de Migración e indica que “…La persona extranjera tendrá la obligación de egresar (salir) del país cuando venza el plazo de permanencia autorizado por la autoridad migratoria, salvo que medie la solicitud de un cambio de categoría o una prórroga otorgada por dicha autoridad migratoria.
"Toda estancia irregular en territorio costarricense hará que las personas extranjeras deban cancelar una multa migratoria equivalente a cien dólares moneda de los Estados Unidos de América (US$100,00), por cada mes de estancia irregular en el país o, en su defecto, se les prohibirá el ingreso por un plazo equivalente al triple del tiempo de su permanencia irregular…”
La multa (o sanción de tiempo) afectará a las personas extranjeras que tengan una categoría migratoria de residencia temporal y categoría especial, y que en el momento de salir del país, tengan vencido su Documento de Identidad Migratorio para Extranjeros (DIMEX).
La Asociación Enlaces Nicaragüenses y organizaciones afiliadas a la Rednam, califican la multa de altísma e impagable para miles de trabajadores migrantes, debido a que la sanción es retroactiva al 2010, año en que empezó a regir la ley. Aseguran que es prácticamente imposible pagar la multa si se toma en cuenta que este sector de trabajadores es el que gana los más bajos salarios. Una trabajadora doméstica, por ejemplo, gana ¢187,000 mensuales.
“Creemos que esta medida también afectará la economía del país, donde sectores como la agroexportación, la agricultura, la construcción, el empleo doméstico, la seguridad privada, y el sector servicio entre otros, dependen en mucho de la mano de obra de los migrantes”, sostuvo Quxabel Cárdenas, directora de la Asociación Enlaces Nicaragüenses.
Cárdenas cuestionó sobre ¿qué pasará con la demanda de mano de obra de sector agroexportador y la construcción si los trabajadores optan por no regresar debido a esta multa? ¿quién se preocupará por las familias binacionales cuyos hijos son nicaragüenses y costarricenses, o sus padres son esposos con ambas nacionalidades?"
Piden un chance
Las organizaciones proponen una mora a la multa y que el Ministerio de la Presidencia, la Caja del Seguro, el Ministerio del Trabajo y Turismo, dialoguen sobre esta medida.
Agregan que, mientras no se dé una reforma a la Ley de Migración y Extranjería que le permita al inmigrante regularizarse sin pagar altos costos y sin complicada tramitología, se retome una vez más el reglamento de Transitorios o Tiempos de Oportunidad, que la DGME impulsó entre el 2012 y 2015.
“Respetamos la ley, pero estas deben ser posibles de cumplir. No se han podido sacar documentos por caros. Durante los Transitorios hubo menos de 30 mil personas que lograron aprovecharlo. A pesar de que miles de personas abarrotaron la Embajada de Costa Rica en Nicaragua y el consulado de Nicaragua en San José. Migración tuvo que instaurar carpas para la atención de las personas y call centers y se declaró incapaz de atender la situación con la infraestructura que tiene.
Por eso solicitamos otro Tiempo de Oportunidad a la Dirección Migración y Extranjería”, aseguró Cárdenas.
La organización Enlaces Nicaragüenses también solicitó al gobierno nicaragüense facilitar la entrega de los requisitos básicos para la regularización: el certificado de nacimiento y el récord de policía para la protección de sus ciudadanos en el exterior.
Casa Presidencial recibió a los manifestantes y tras una breve reunión el Gobierno se comprometió a analizar, la próxima semana, el decreto para volver a reunirse con ellos en máximo 15 días.