Los diputados llevan más de dos semanas tratando de elegir a un nuevo defensor de los habitantes, pero lograr un consenso ha sido algo así como misión imposible.
Entre tanta discusión por elegir al nuevo funcionario que defenderá los derechos de los ciudadanos, se han gastado un platal.
Según aseguró el diputado Gilberto Campos Cruz, del partido Liberal Progresista, entre las sesiones de la Comisión de Nombramientos, en las que se analizaron los candidatos que enviaron el currículum para participar por el puesto, y en las del plenario, en las que se ha discutido el tema, ya se han gastado más de mil millones de colones.
“Lo cierto es que también tiene un costo para los ciudadanos que pagan con sus impuestos estos procesos y para que ustedes se den una idea, las 32 sesiones de la Comisión de Nombramientos le costaron a esta Asamblea Legislativa 525 millones de colones, pero resulta ser que las cuatro sesiones previas que hemos invertido en el plenario para discutir el tema de la Defensoría, le han costado al país también 591.618 millones de colones, en total estamos hablando de más de mil millones de colones para una discusión que en este momento pareciera trabada. ¿Dónde está la responsabilidad de esta Asamblea Legislativa con el bolsillo de la gente que paga impuestos y el presupuestos de la Asamblea Legislativa?”, manifestó el legislador.
Él dice que la discusión está trabada porque, hasta el jueves pasado, los dos nombres que más sonaban para el puesto eran los de Laura Arguedas, actual jefa de asesores de la Fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) y quien fue candidata a una vicepresidencia de la República durante la campaña anterior, y el de Erick Ulate Quesada, presidente de Consumidores de Costa Rica, además, el Gobierno lo nombró representante de usuarios en la junta del Consejo de Transporte Público (CTP).
Ellos dos forman parte de los cuatro nombres recomendados por la Comisión de Nombramientos del Congreso que, luego de analizar los documentos de las 16 personas que postularon, presentaron a los cuatro mejores candidatos.
La candidatura de Arguedas fue apoyada desde el principio por la fracción de Liberación Nacional y el Frente Amplio, mientras que la de Ulate fue apoyada por el partido oficialista y Nueva República, además de algunos legisladores del Liberal Progresista, pero nunca hubo un claro favorito, por lo que el jueves el proceso dio un giro drástico.
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La diputada Kattia Cambronero, del Liberal Progresista, propuso una nueva candidata: Kathya Rodríguez Araica, quien actualmente trabaja en la Defensoría de los Habitantes.
Tanto la fracción de Liberación Nacional como la del Frente Amplio le dieron de inmediato su apoyo, por lo que ahora es el nombre de ella el que suena más fuerte. Ulate sigue siendo el candidato de Progreso Social Democrático y Nueva República.
Muchos legisladores, incluso del mismo Liberal Progresista, han criticado la presentación de un nombre que no estuvo desde el principio en el proceso, ya que ven como una falta de respeto que le pasen por encima a las investigaciones de los legisladores de la Comisión de Nombramientos para poner a alguien que no concursó.
Este lunes los legisladores volvieron a tratar el tema del nombramiento, pero tampoco votaron para elegir al nuevo defensor, por lo que las horas y la plata invertida en este proceso sigue aumentando. Habrá que ver si este martes se logra al fin la votación y se nombra un nuevo defensor de una vez por todas.