¿Imagina que un día usted esté tranquilo en la casa que tanto le costó comprarse y que por la decisión de un tribunal le digan que ahora le pertenece a otra persona?

Bueno, algo así es lo que les está pasando a algunos vecinos de Cocles, en Puerto Viejo de Talamanca, Limón, a quienes una resolución de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, del 12 de diciembre del 2019, les revocó sus derechos de propiedad e hizo que esas tierras ahora sean parte del territorio indígena Keköldi.

Durante el tiempo que ha pasado desde que se dictó la resolución, la Asociación Vecinos Unidos por la Justicia y la Paz de Cocles y la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Keköldi se habían mantenido en conversaciones para tratar de llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes, pero no fue posible, según nos contó Edwin Patterson, uno de los afectados y presidente del grupo de los desalojados.

Las cosas se complicaron más desde hace unos tres meses, cuando un grupo de indígenas, aprovechando que don Wolfgang Bissinger, propietario de una de las fincas, había fallecido, se instaló en su propiedad de diez hectáreas.

Así nos lo contó su hija Andrea Bissinger Patterson, albacea de su padre y quien lidera la lucha de su familia para recuperar las tierras.

“Estoy mandando a mi hijo a Estados Unidos porque él sí vive en Puerto Viejo y los indígenas que están en la propiedad me lo amenazaron y eso me afectó mucho”, contó muy angustiada doña Wanda Patterson, viuda de don Wolfgang.

Esa supuesta amenaza ocurrió hace aproximadamente un mes, cuando Thomas Bissinger, de 22 años, intentó ingresar a la finca de su familia, para tomar fotos y así aportarlas como prueba en un proceso penal.

“No pudo ni pasar de la entrada, lo salieron a recibir machete en mano y le dijeron que si volvía, lo atacarían”, contó su hermana Andrea.

Herencia

Andrea Bissinger explicó que la finca que les dejó su padre como herencia a ella y a sus cuatro hermanos quedó dentro de la Reserva Indígena por la decisión del Tribunal, pero ellos tienen la escritura y título de propiedad de la misma, pues fue adquirida cuando no existía ningún impedimento. Además, el Estado no les ha pagado ni un cinco para quitarles su derecho sobre esos suelos.

Él compró esos terrenos en el 2002 y tenía plátanos y otros productos sembrados, y aunque no vivían actualmente allí, sus hijos se criaron visitándolas.

“Los terrenos fueron comprados y vendidos acorde a la ley vigente en ese momento y cuando el Tribunal revivió un decreto de 1977, fueron gravados con la reserva y las personas indígenas comenzaron a reclamarlas”, explicó Andrea.

En total son cerca de 2.600 familias las que quedaron como en un limbo legal. En esas propiedades tienen sus casas, plantaciones y comercios.

Iniciar un proceso penal para encontrar una solución es carísimo, afirmó Andrea. Solo para empezar el proceso deben soltar unos tres millones de colones, los cuales no tienen en este momento, primero porque su padre era el principal proveedor y porque no están percibiendo los ingresos por los productos que tenían sembrados en la finca.

“Hay una tensión, se siente inseguro porque todo mundo sabe quién es él (el hermano) y están entrando más indígenas a la finca, al parecer de Salitre. No sé cómo va a terminar, porque yo entiendo toda la situación de los derechos de los indígenas y lo que han pasado históricamente, pero también nosotros tenemos derechos adquiridos conforme a la ley y le toca al Estado costarricense resolver eso”, puntualizó Bissinger.

La Teja llamó a la oficina de la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Keköldi para conocer más a fondo la situación; sin embargo, quien contestó la llamada nos dijo que no podía referirse al tema sin el permiso de los demás miembros, pero que andaban en trabajo de campo y no sería posible responder este jueves.

Injusticia

Glenda Halgarson Brown, una cantante y gestora cultural de Puerto Viejo, es otra de las afectadas con esta situación.

“Estamos buscando que ya se dejen de cometer injusticias contra la comunidad afrodescendiente y hacia los que adquirieron los terrenos que merecidamente tenían a su nombre”, explicó Halgarson.

Su familia compró una propiedad en la playa hace 30 años y la nueva delimitación la afecta directamente.

“Se están violentando los derechos de ciudadanos costarricenses y afrodescendientes, y ahora en vez de invertir en sus proyectos, deben hacerlo en abogados para defenderse”, agregó Glenda.

Fuerte lucha

El exdiputado Edwin Patterson aseguró que ellos tienen demostrado que las 1.250 hectáreas, en la parte costera de Puerto Viejo y Cocles, que se le dieron a los indígenas, nunca fueron terrenos del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA, ahora llamado Instituto de Desarrollo Rural, INDER), o sea no eran del estado, y se incluyeron sin consultar a las familias ahí establecidas. Una donación de terrenos del IDCO fue lo que creó el territorio indígena de Keköldi en 1977.

La familia de don Edwin, presidente de la asociación de vecinos, contó que su abuelo llegó al lugar en 1906 y desde entonces han vivido ahí. El exlegislador, incluso, dijo que llevarán la lucha hasta las Naciones Unidas porque ellos tienen un arraigo cultural y ancestral en esas tierras y no es solo que el Estado les pague y listo.

“Aquí alguien montó un conflicto entre minorías y entre iguales. Nosotros y los indígenas hemos convivido aquí históricamente, pero a alguien se le ocurrió hacer eso. Si no los escuchan, (las familias desalojadas) recurrirán a la Sala Constitucional para que rectifiquen esas 1.250 hectáreas, porque por un decreto de 1977 incluyeron erróneamente los territorios de las comunidades afro”, explicó Edwin Patterson.