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La diputada Floria Segreda Sagot, de Restauración Nacional, necesitó atención médica la tarde de este martes porque se le subió la presión y le agarraron dolores en el pecho al ver que era allanada su oficina en la Asamblea Legislativa.
El personal de seguridad de la Asamblea Legislativa tuvo que trasladar a Segreda a servicios médicos para que la vieran.
La situación se dio después de que, en horas de la mañana, la fiscala general Emilia Navas encabezara el allanamiento porque a la legisladora la investigan por supuesto tráfico de influencias.
“Ella (Segreda) no se sentía bien, temíamos que la fueran a entrevistar o algo y se fuera a poner peor. No fue por seguridad de nada de ella en específico. La presión la tenía altísima ”, dijo a La Nación la jefa de seguridad de la Asamblea, Magaly Camacho.
El Ministerio Público investiga a Segreda porque, supuestamente, se aprovechó de su cargo para solicitarle al director financiero del Congreso que no ejecutara un embargo ordenado sobre su salario porque ella ya tenía una orden para el levantamiento de ese embargo.
En la Asamblea recibieron la orden judicial (de ejecutar el embargo) en febrero y fue por ¢26 millones; luego en marzo por ¢12,3 millones de deudas procesales que se acumularon por varios juicios civiles por la venta de una casa que ha enfrentado a la diputada con un hombre de apellido Hidalgo.
“En ningún momento he mandado ningún documento para me hagan algún tipo de favor”, afirmó la diputada.
Sostiene que con el asunto de la casa ella fue estafada porque falsificaron su firma.
“Eso no ha terminado, el embargo está ahí, ellos no pueden tocarme la plata hasta que finalice el proceso”, comentó.
La Dirección Financiera de la Asamblea también fue allanada en busca de documentos.
