Luego de una extensa investigación de aproximadamente cinco años, finalmente el Ministerio Público dio a conocer que ya tiene lista la acusación para solicitar juicio por el sonado caso del “Cementazo” (Cemento chino-BCR).

Así lo informó este miércoles la Fiscalía General, indicando que el pasado lunes la Unidad Especializada notificó de este hecho a la Procuraduría General de la República (PGR) y al Banco de Costa Rica (BCR), para que dichas entidades decidan si presentan una acusación particular (querella) o una acción civil resarcitoria para reclamar un monto económico por los presuntos daños y perjuicios sufridos.

“Una vez que la PGR y el BCR regresen el expediente al Ministerio Público con sus gestiones, este último se encargará de analizar los planteamientos de ambas entidades y de remitirlo al Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública con la acusación y solicitud de auto de apertura a juicio”.

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Tanto la Procuraduría General de la República como el Banco de Costa Rica informaron que están valorando las acciones legales.

La acusación será presentada contra nueve imputados, entre los que destacan Juan Carlos Bolaños, empresario del cemento chino, y Paola Mora Tumminelli, expresidenta del BCR.

28 delitos contra Bolaños

En el caso de Bolaños será acusado de ocho delitos de receptación, legalización o encubrimiento de bienes; once delitos de peculado; tres delitos de uso de falso documento; tres delitos de influencia sobre la hacienda pública y tres delitos de captación indebida de manifestaciones verbales en su condición agravada.

Mientras que Mora, quien fue una de las funcionarias que más defendió el otorgamiento de créditos a Bolaños, sería acusada de tres delitos de influencia sobre la hacienda pública y tres delitos de captación indebida de manifestaciones verbales en su condición agravada.

La lista de imputados es completada por Leonardo Acuña Alvarado (subgerente de Finanzas y Riesgos); Gilbert Barrantes Campos (gerente corporativo de Riesgos y Control Interno) Marvin Corrales Barboza (subgerente de Banca Minorista) Rodrigo Ramírez Rodríguez (exdirector de Gestión de Créditos), Andrés Víquez Lizano, (exsubgerente de Banca Mayorista), Mario Cortés Zúñiga y Javier Rojas Segura, ambos gerentes de Sinocem.

“Dentro de la causa se acusaron de los delitos de peculado, tráfico de influencias, falsedad ideológica, uso de documento falso, falsificación de documento público, captación indebida de manifestaciones verbales, influencia en contra de la hacienda pública y receptación, legalización o encubrimiento de bienes públicos”, detalló la Fiscalía.

Irregularidades con crédito

La investigación por el caso del Cementazo inició en el 2017, cuando los imputados, al parecer, participaron en hechos irregulares que se dieron en torno a la solicitud, tramitación y desembolso de dos líneas de crédito por más de $30 millones para Bolaños y su grupo de interés económico.

“Según la investigación, dicho crédito sería utilizado para la importación y posterior nacionalización de cemento fabricado en China.

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“Sin embargo, de acuerdo con la hipótesis fiscal, en todas las etapas del crédito (negociación, aprobación, desembolsos y posterior renovación) habrían ocurrido irregularidades por parte de funcionarios públicos de la alta administración del banco que permitieron el otorgamiento y continuo desembolso de fondos públicos, en detrimento de los intereses de la entidad bancaria y en favor del grupo empresarial de Bolaños”, explica la Fiscalía.

De acuerdo con el requerimiento fiscal, el dinero entregado por el BCR para la compra de cemento habría sido utilizado para fines distintos, es decir, ese cemento nunca llegó al país.

Las supuestas irregularidades en la entrega del crédito a Bolaños se destaparon debido a denuncias presentadas por los mismos directivos del BCR en sesiones de la junta directiva.

Dejaron sus cargos

El caso de a poco fue escalando hasta que se empezó a hablar de la supuesta relación y presunta ayuda que el empresario habría recibido por parte de los ahora exdiputados Victor Hugo Morales Zapata y Otto Guevara, quienes quedaron fuera del caso por una desestimación solicitada por el Ministerio Público.

Por este mismo caso el entonces fiscal general, Jorge Chavarría, fue suspendido de su cargo durante tres meses por presuntas irregularidades relacionadas con el Cementazo. Finalmente Chavarría se acogió a su pensión en noviembre del 2017.

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Carlos Chinchilla y Doris Arias Madrigal, en ese momento magistrados de la Sala de Casación, también se acogieron a su pensión en julio del 2018, luego de ser sancionados por desestimar una causa penal contra los ahora exdiputados.

Otra de las cabezas que rodó por el Cementazo fue la de Celso Gamboa, quien fue destituido de su cargo como magistrado debido a que, según la Asamblea Legislativa, se habría interesado indebidamente en asuntos judiciales de su amigo Juan Carlos Bolaños.