Carlos Cerdas, dueño de la constructora Meco, pasó de disfrutar una vida llena de comodidades a estar conociendo de primera mano las consecuencias del hacinamiento carcelario.

Desde el pasado lunes, el empresario está encerrado en las celdas judiciales del OIJ de Goicoechea esperando ser enviado a una cárcel para cumplir los cuatro meses de prisión preventiva que le metieron por ser uno de los investigados en el caso “Cochinilla”. La bronca es que lo tienen en lista de espera pues todas las prisiones están hasta el copete.

Esta situación no es nueva para Cerdas, de hecho es la segunda vez que “vive” en estas celdas, pues estuvo encerrado ahí del 14 de junio (día en el que el OIJ detuvo a 30 sospechosos del caso Cochinilla) al 28 de junio, cuando fue liberado tras pagar una fianza de $5 millones (más de ¢3.100 millones).

El dueño de Meco regresó a este “segundo hogar” luego de que el juez Hugo Porter le dio la razón al Ministerio Público y anuló las fianzas de él y de Mélida Solís, propietaria de H. Solís (que había pagado $3 millones). Solís fue enviada a la cárcel Vilma Curling, conocida como el Buen Pastor, ese mismo lunes.

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Traslado podría ser esta semana

Viviana Boza, viceministra de Justicia, explicó que no podía referirse en específico al caso del traslado de Cerdas, pues dijo que en el ministerio se manejan con ingresos semanales de personas encerradas en celdas judiciales.

“Estamos haciendo los esfuerzos para ingresar población esta semana, eso lo podríamos estar haciendo entre jueves y viernes. Hay todo un protocolo que nosotros hacemos para el ingreso de esta población, si él (Cerdas) cumple con estos protocolos vendrá, si no va a tener que seguir esperando”, explicó.

En cuanto a ese protocolo, Boza dijo que este empezó a regir desde el 2018 y se usa para definir cuáles privados de libertad que están en celdas judiciales deben ser llevados con mayor urgencia a una cárcel, basándose en aspectos como el estado de salud, el perfil criminal y el tiempo que llevan encerrados.

“Tenemos la dificultad de que los traslados se han ralentizado un poco, como consecuencia de los protocolos que estamos teniendo por la atención de la pandemia, que no es de la semana pasada sino que llevamos prácticamente un año en esta situación”, añadió.

Por su parte, el OIJ confirmó que el Ministerio de Justicia es el que tiene la papa en la mano en cuanto al traslado del empresario a una cárcel, puede decidir si lo adelantan o si debe esperar.

“Cerdas podría ser trasladado antes que otras personas debido a que probablemente no pueda mezclarse con la población general de un centro penal, porque podrían hacerle daño, por ejemplo. Cerdas fue la persona número 20 a la que se le ordenó una prisión preventiva el lunes, pero podría ser trasladado incluso de primero si el Ministerio de Justicia así lo decide”, informó la oficina de prensa del OIJ.

Opciones reducidas

Por la situación del hacinamiento en el sistema penitenciario del país, no hay muchas opciones para el dueño de Meco.

Al parecer, el empresario sería llevado al Centro de Atención Institucional (CAI) Jorge Arturo Montero, mejor conocido como La Reforma, en San Rafael de Alajuela, pese a que es uno de los centros penales que más sufre de sobrepoblación.

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“El CAI Jorge Arturo Montero Castro es un centro que tiene más de 120% de hacinamiento en todo el centro penal. Actualmente tiene una población penal de 3.500 personas (y tiene una capacidad para 2.200 personas)”, añadió Boza.

En muchas ocasiones, los privados de libertad en celdas judiciales eran llevados al CAI San José (cárcel de San Sebastián); sin embargo, este centro penal no estaría disponible para recibir a Cerdas.

“En el CAI San José no hay hacinamiento, es un centro que más bien tiene suficiente espacio para 400 personas; sin embargo, está cerrado por una orden de una señora jueza, lo que nos imposibilita usar ese espacio”, dijo la viceministra.

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Ante esta situación tan complicada, La Teja trató de conocer la opinión de Erick Ramos, abogado de Cerdas, pero nos dijo que estaba en una reunión.

Millonada por daños

Este miércoles, la Procuraduría de la Ética Pública presentó una acción civil resarcitoria en la causa “Cochinilla”, para solicitar una indemnización de ¢59 mil millones para el Estado.

“La demanda civil se dirige contra 78 personas, entre físicas y jurídicas, sea los funcionarios públicos investigados así como a los particulares y empresas involucradas”, informó la Procuraduría General de la República.

Se trataría de ¢45.184 millones por concepto de daño material y ¢13.555 millones por daño social.

“En razón de que la causa aún se encuentra en una etapa preparatoria, esos montos pueden variar, conforme avance la investigación y se logre determinar daños de mayor cuantía”.