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Este lunes, tras una larga audiencia que se extendió por varios días, finalmente se definió cuál será el futuro inmediato de los cuatro sospechosos que son investigados por el caso de supuesta corrupción conocido como “Pista Oscura”.
El Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública fue el encargado de dar a conocer las medidas cautelares que deberán cumplir los investigados: Mauricio Batalla, exministro de Obras Públicas y Transporte; Alejandro Picado, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE); Henry Villalobos, fiscal de la CNE, y Marcos Castillo, director de Aviación Civil.
El juez ordenó las medidas cautelares de no comunicarse, influir, amenazar, intimidar y perturbar de manera directa, por terceras personas o medios electrónicos, redes sociales, llamadas, mensajes, con los testigos en la causa.
Al exministro Batalla se le ordenó prohibición de ingresar a las instancias involucradas. A también se le impusieron las medidas de prohibió de conocer cualquier asunto relacionado con la contratación, impedimento para ingresar a las oficinas centrales de la Dirección General de Aviación Civil y no puede atender asuntos de la dirección de Infraestructura Aeronáutica.
En cuanto a Villalobos, se le revocó su cargo como ingeniero de la Unidad de Gestión de Procesos en Reconstrucción de la CNE y se le debe reubicar en otra oficina
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El único que podrá seguir el proceso sin ninguna medida es el presidente de la CNE.
Asimismo, el Juzgado a cargo del caso rechazó suspender de sus cargos a los imputados, por lo que Picado, Castillo y Villalobos podrán continuar con las labores propias de sus puestos en instituciones públicas.
Por su parte, el fiscal Diego Maroto dijo que no comparten la resolución del Juzgado, por lo que presentarán una apelación.
A los sospechosos se les investiga porque, en apariencia, aprovecharon una declaratoria de emergencia por el paso de unas tormentas, para agilizar los arreglos de la pista de aterrizaje del aeropuerto internacional Daniel Oduber Quirós, en Liberia, Guanacaste, utilizando esos fondos públicos.
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De acuerdo con la investigación que mantienen las autoridades, al parecer, los daños que debían ser reparados en dichas pista se dieron previo al paso de las tormentas, por lo que no debían ser incluidos en la declaratoria de emergencia.
Por este mismo caso también existe una investigación contra el presidente Rodrigo Chaves, la cual es llevada por el Fiscal General, Carlo Díaz.
