Un expolicía del Ministerio de Seguridad Pública de apellido Chaves recibió una condena por delitos de peculado y falsedad ideológica.
Chaves evitó ir a juicio y aceptó su culpa en el Tribunal Penal de Goicoechea, San José.
Él no irá a la cárcel, pero deberá andar con una tobillera los próximos seis años, pues los jueces sustituyeron la prisión por arresto domiciliario con monitoreo electrónico, así lo establecieron en la sentencia número 395-2023.
De acuerdo con la sentencia, los hechos ocurrieron entre el 24 de junio del 2015 y el 25 de junio de ese mismo año cuando Chaves era el encargado del subgrupo de la unidad móvil de Policía de Fronteras de Paso Canoas del Ministerio de Seguridad Pública (MSP).
“En el sector del Tajo de la Cuesta, unos oficiales de la policía lograron decomisar licor de contrabando. El decomiso fue trasladado en una unidad policial hasta las instalaciones del puesto policial en Paso Canoas, lugar donde quedó en custodia de la Policía de Fronteras, propiamente en el parqueo”, señala la sentencia.
Agrega que Chaves aprovechó su cargo y la confianza que le dieron para, el 25 de junio del 2015 junto con otra persona, salieron en la misma unidad con la excusa de llenarla de combustible en Ciudad Neilly.
“Presuntamente en el trayecto y a sabiendas del carácter ilícito de su actuar, aprovecharon para sustraer bienes cuya custodia les había sido confiada, pues se apoderaron ilegítimamente de varias botellas de licor que se encontraban en la unidad policial.
“Aparentemente Chaves de común acuerdo y con la finalidad de encubrir la sustracción del licor y la verdadera información de los decomisos, confeccionó documentos públicos concernientes a hechos que se debían de probar, insertando falsamente información”, señaló la sentencia.
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La sentencia afirmó que estas acciones del entonces uniformado dañaron al Estado, por cuanto el licor sustraído era de contrabando, evadiendo los impuestos fiscales, la fe pública por consignar datos falsos en documentos que debían probar hechos ciertos y el deber de probidad que debía respetar como funcionario público.