EscucharLos agentes sección de Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizan un total de 22 allanamientos en distintos puntos del país, como parte de una amplia investigación contra altos jerarcas por presuntos delitos de Influencia en contra de la Hacienda Pública y Tráfico de Influencias.
El fiscal General, Carlo Díaz, aseguró que entre los sospechosos están el presidente de la República, Rodrigo Chaves, que se investiga en una causa aparte.
Además, el presidente de la Comisión de Emergencias (CNE) Alejandro Picado, el exministro y el también exministro Mauricio Batalla.
También en la causa figuran el exministro Luis Amador y la exministra de la presidencia Natalia Díaz. Fiscalía asegura que se habría aprovechado de emergencia por tormenta para reparar pista del aeropuerto.
Los allanamientos se llevan a cabo en sectores como Curridabat y Pavas, Oreamuno y Santa Bárbara.
El objetivo es la detención de cuatro hombres, (Batalla, Picado y dos funcionarios de Meco).
Ellos figuran como sospechosos de haber manipulado procesos administrativos para favorecer a una empresa constructora con un contrato de aproximadamente $40 millones.
Según el OIJ, los hechos se remontan al 21 de junio de 2023, cuando uno de los sospechosos, aparentemente funcionario de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), habría solicitado incluir al cantón de Liberia, Guanacaste, en la lista de zonas afectadas por las ondas tropicales 11, 12 y la tormenta tropical Bonnie.
Eso porque permitía gestionar licitaciones bajo el régimen de excepción contemplado en la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo.
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“Con esta declaratoria de emergencia, se adjudicó a una empresa privada el proyecto titulado: ’Rehabilitación por emergencias de pista de aterrizaje y obras pluviales del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós’. La adjudicación quedó en firme el 29 de enero de 2024″, detalló el OIJ.
Con esa aprobación, contemplaban una reparación integral de la pista, incluyendo sus capas subyacentes, con el fin de prolongar su vida útil.
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“La empresa adjudicataria planteó la aplicación de una ‘ingeniería de valor’, argumentando que no era necesario intervenir algunas de las capas inferiores de la pista, ya que supuestamente estaban en buen estado. Esta modificación fue rechazada inicialmente por el encargado de la unidad ejecutora y por personeros técnicos, quienes habrían empezado a recibir presiones por parte de los sospechosos”, señaló el OIJ.
Añade: “Eventualmente, se dio la sustitución del encargado de la unidad ejecutora, y se procedió con la modificación del contrato a favor de la empresa. Esto implicó una variación de aproximadamente $4 millones respecto al monto original de la licitación”
El fiscal Carlo Diaz aseguró que no solo se usaron fondos de la CNE, del ICT, sino también que se tuvo que obtener un crédito con el BCIE, y los daños de la pista no ocurrieron en la tormenta Bonie sino mucho tiempo antes, por lo que hubo mal manejo de fondos.
