EscucharEl Tribunal Penal de Hacienda decidió elevar a juicio, 16 años después, un caso en el que figura como implicado el expresidente Miguel Ángel Rodríguez Echeverría (1998-2002).
Rodríguez es sospechoso del delito de peculado (sustracciones de bienes públicos), el cual se castiga con prisión de tres a 12 años.
Se trata del caso conocido como los reaseguros del Instituto Nacional de Seguros (INS) y el cual se investigó en dos expedientes.
Uno es el aparente pago de $2,1 millones que habría realizado la reaseguradora londinense PWS, entre 1998 y el 2002, en favor de exfuncionarios estatales costarricenses.
El otro está relacionado con presuntas comisiones y pagos de viajes dados por las empresas corredoras Guy Carpenter y Willis Re durante el 2001.
Además del exmandatario Rodríguez, en estos asuntos figuran también como implicados Cristóbal Zawadzki Wojtasiak (exjerarca del INS); Álvaro Antonio Acuña Prado (exjefe de Reaseguros del INS); Gilda Montes de Oca (esposa de Zawadzki); Roxana Cordero Bogantes (esposa de Acuña) y Rónald Bonilla Rodríguez (exjefe de seguros del Instituto Costarricense de Electricidad).
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Además se incluyen los funcionarios del ICE Antonio Corrales Moya y Ramón Lara Molinari.
Christian Arguedas Arguedas, defensor de Rodríguez, lamentó la decisión del tribunal a cargo del juez Jorge Tabash Forbes, pues alegó que en este proceso no hay pruebas.
“Apelamos el auto de apertura a juicio porque no estaba bien fundamentado. No se había hecho ese juicio de probabilidad en el que se compara la acusación con las pruebas y apelamos que el juez no hizo ese juicio de probabilidad.
“Si lo hubiera hecho no eleva el caso a juicio, porque no hay pruebas (...) Toda la prueba que se decía que lo vinculaba se anuló. Ahora toca ir a juicio para que al final , como yo veo la cosa, lo van a absolver”, argumentó Arguedas.
En diversos momentos se han dado a conocer errores en la investigación de este caso, tanto que en febrero del 2014 un juzgado penal dictó un sobreseimiento definitivo a favor de los imputados, sobre todo porque consideró como ilegal que se usaran pruebas bancarias traídas de Panamá, Estados Unidos y del Reino Unido.
Las autoridades aún no han definido la fecha del juicio.
