El Ministerio Público confirmó que la Unidad Especializada de la Fiscalía General ya tiene lista la acusación contra nueve personas por el caso conocido como “Cemento Chino-BCR” (expediente 16-000013-0033-TP).
El requerimiento conclusivo fue notificado el pasado lunes 11 de julio a la Procuraduría General de la República (PGR) y al Banco de Costa Rica (BCR) para que dichas entidades decidan si presentarán una acusación particular (querella) o una acción civil resarcitoria para reclamar un monto económico por los presuntos daños y perjuicios sufridos.
En este expediente figuran como imputados el empresario Juan Carlos Bolaños Rojas, Leonardo Acuña Alvarado, exgerente de Finanzas y Riesgo del BCR; Gilbert Barrantes Campos, exgerente corporativo de Riesgo y Control de Crédito del BCR; y Marvin Corrales Barboza, exsubgerente de Banca Minorista.
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A esa lista también se suman Mario Cortés Zúñiga, gerente de Sinocem; Paola Mora Tumminelli, expresidenta del BCR; Rodrigo Ramírez Rodríguez, exdirector de Gestión de Créditos, Javier Rojas Segura, gerente de Sinocem y Andrés Víquez Lizano, exsubgerente de Banca Mayorista.
“Dentro de la causa se acusaron los delitos de peculado, tráfico de influencias, falsedad ideológica, uso de documento falso, falsificación de documento público, captación indebida de manifestaciones verbales, influencia en contra de la hacienda pública y receptación, legalización o encubrimiento de bienes públicos”, detalló la Fiscalía.
Según el Ministerio Público, estas nueve personas son investigadas por hechos que se dieron en torno a la solicitud, tramitación y desembolso de un crédito revolutivo en el BCR, para Bolaños Rojas y su grupo de interés económico, conformado también por Cortés Zúñiga y Rojas Segura.
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“Según la investigación, dicho crédito sería utilizado para la importación y posterior nacionalización de cemento fabricado en China. Sin embargo, de acuerdo con la hipótesis fiscal, en todas las etapas del crédito (negociación, aprobación, desembolsos y posterior renovación) habrían ocurrido irregularidades por parte de funcionarios públicos de la alta administración del banco que permitieron el otorgamiento y continuo desembolso de fondos públicos, en detrimento de los intereses de la entidad bancaria y en favor del grupo empresarial de Bolaños”, indicó la Fiscalía.
Además, de acuerdo con el requerimiento fiscal, el dinero entregado por el BCR para la compra de cemento habría sido utilizado para fines distintos.