La intuición de una mamá permitió que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) salvara a 30 niñas de seguir siendo víctimas de una cruel mafia de pornografía y abuso infantil, que producía imagenes, videos y los vendía en el extranjero.
El sueño de esas pequeñas niñas de ser modelos se convirtió en una pesadilla, y el caso es catálogado como un golpe único en el país.
Los hechos de esa investigación fueron tan crueles que tan solo uno de los imputados descuenta una pena de 797 años de cárcel.
Rodrigo Picado, agente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), fue quien relató en el Podcast judicial: Expediente Cero 43, cómo una denuncia permitió desenmascarar a dos fotógrafos y a toda una red internacional.
Todo empezó en el 2015 cuando una mamá inscribió a su hija de 11 años en una agencia de modelos llamada VDM Models, ubicada cerca de Plaza Víquez en San José, pues la menor quería salir en televisión, publicidad y ser actriz, todo lo que dicha agencia ofrecía.
“Las sesiones de fotos se realizaban en sitios públicos como el parque La Sabana, hoteles de montaña y casas, con ropa casual. Esta mamá cuenta que su hija, incluso, llegó hasta las fotos en vestido de baño, pero ella siempre estuvo a la par de su hija; no obstante, le llamó la atención que muchas niñas se acompañaban con otras niñas y sus padres no estaban. Entonces, a ella la hacía dudar el por qué estaban solas, pues vio conductas que no le gustaron, por lo que no volvieron más”, recordó el investigador con 17 años de experiencia.
La mamá decidió denunciar poco después, cuando un amigo de ella, que es fotográfo, la contactó para decirle que las fotos de su hija estaban en una sitio de internet con fines sexuales. Eso ocurrió en el 2015 por lo que ella, sin dudar ni un segundo, se fue para la delegación del OIJ en Alajuela a denunciar lo que sabía.
“Si uno analiza de primera los hechos piensa que está ante un caso de difusión de pornografía y no lo que se descubrió después. Podía haber muchos delitos ocultos, los compañeros de la delegación enviaron el caso a la Unidad Especializada de Trata de Personas”, comentó el agente, quien señaló que jamás había visto algo igual.
Lo primero que necesitaban saber los agentes era qué pasaba con la hija de la denunciante y las otras niñas, porque la agencia era muy concurrida.
La mamá tenía una captura de una de las fotos de su hija, pero cuando trató de ingresar a la página en la que, supuestamente, salían las fotos se dio cuenta de que el sitio no existía.
“Ella me dijo que el sitio estaba bloqueado, pero en el OIJ había personal capacitado para entrar a ese sitio web. Nos dimos cuenta de que si uno trataba de entrar decía que el sitio no estaba activo, estaba cerrado, y es cuándo nos percatamos de que había un bloqueo geográfico, lo que significa que hacen un bloqueo para que las imágenes no se puedan ver. Costa Rica estaba bloqueado”, recordó.
“Pero, con un navegador especial pudimos entrar al sitio; logramos ver que esa página tenía 41 sitios enlazados, en los que había material de personas menores de edad”.
Los investigadores no solo lograron ver la foto de la niña cuya mamá puso la denuncia, sino muchas más de sesiones de actos grotescos con las víctimas.
Pagos millonarios
La página permite a los enfermazos hacer un tour de cuatro fotos gratis y luego hay que pagar para acceder. Los interesados tenían que pagar entre $500 y $5.000 para acceder al sitio dependiendo de lo que querían ver, o el tipo de aberración.
“Cuando desbloqueamos los sitios y empezamos a ver a las niñas teniamos las caras y los cuerpos, pero ¿cómo ponerles nombre?, ¿cómo lograr rescatarlas? Necesitábamos traernos abajo esa red, rescatar a esas víctimas y dar con esas personas”, indicó Rodrigo, para quien en aquel momento era desesperante lo que iban descubriendo.
Con toda esa información, los investigadores volvieron a entrevistar a la mamá, porque necesitaban entender lo que ocurría, dada la gravedad del asunto. La señora y su pequeña fueron a cinco castings. Luego de esa única denuncia, los agentes se presentaron ante el Ministerio Público para explicar lo que estaba ocurriendo.
“Teníamos a dos fotógrafos como sospechosos y los rostros de muchas niñas”, dijo el agente.
Las investigaciones para ese momento arrojaron que los sospechosos se ponían en contacto con las niñas por medio de las redes sociales; ellos tenían la página de la agencia y desde ahí las contactaban para ofrecerles convertirlas en modelos. También se acercaban a escuelas o colegios y durante ensayos, como los de las bastoneras, les ofrecían hacer el casting. A algunas les decían que les iban a pagar y a otras las amenazaron con matar a sus familiares si no iban.
Rodrigo aseguró que en las primeras dos sesiones a las niñas les pagaban 25 mil colones, y para no levantar sospechas las fotos eran con ropa y en lugares públicos, pero luego de eso empezaba el infierno y las amenazas de muerte.
Una de esas jóvenes es María, --así se identificó para proteger su identidad--. Ella ya es mayor de edad y fue víctima de esa red.
María contó que en una oportunidad un carro blanco llegó hasta el colegio donde estudiaba.
“Ellos sabían mi horario de colegio, yo era menor de edad. El carro era blanco y no tenía placas; me decían que sino iba mataban a mi hermana que era menor. Yo apenas tenía 13 años y se me vino el mundo encima nunca dije nada y fui”, dijo la joven quien fue la segunda denunciante, mucho tiempo después de todo lo que le había ocurrido.
Amarrada
María aseguró que a ella la obligaron a tomarse fotos con ropa casual, vestido de baño, y hasta desnudos. Recuerda que una vez la llevaron a un hotel de montaña donde había varios pedofilos, y sino hacía lo que le decían había un cuchillo de carnicería con el que siempre las amenazaban.
“Un día pensé que no iba a volver a mi casa, porque me amarraron las piernas con un mecate, luego me soltaron y me dejaron en San José. Yo llegué sola a mi casa”, dijo.
Las niñas eran víctimas de abusos sexuales y violación. En cuanto a los sospechosos, estos recreaban ambientes infantiles con ropa, juguetes, animales inflables y otros elementos como bisutería, además tenía una maquillista.
Por eso, para los agentes era tan urgente identificar a todas las niñas y acabar con lo que estaban viviendo, pues ellos sabían que algunas eran de zonas marginales y que iban a la agencia por la situación económica que había en sus casas.
María decidió no volver, ella vio sus fotos en internet y los amenazó con denunciarlos; sin embargo, ellos le respondieron que el OIJ jamás iba a poder dar con las imágenes.
“En la agencia había una psicóloga que siempre nos decía que todo lo que se hacía estaba bien. Yo cuando les dije que iba a denunciar salí furiosa de ese lugar y ese día presente la denuncia, fui sola a contar todo”, dijo la joven.
En ese momento, la investigación ya iba por la mitad y ya el OIJ sabía quiénes eran dos de las 30 víctimas.
“Nosotros sabíamos que ellos las contactaban por redes sociales, pero el principal problema era que algunas no tenían sus nombres completos sino abreviados o las iniciales de los apellidos, así que fueron muchos meses para ponerles nombre y apellido a las víctimas”, dijo el agente.
Como el OIJ cuenta con un perfil de violadores, abusadores y pederastas, los agentes buscaban identificar al resto de los sospechosos, y para ello realizaron muchas vigilancias y seguimientos.
“Fue la primera vez que el OIJ solicitó allanamientos a paǵinas web; había 41 páginas con ese tipo de material sexual infantil. Nos dimos cuenta que no solo era en Costa Rica, sino también en México y Brasil que las víctimas estaban pasando por lo mismo, Además, se involucraron Francia, Estados Unidos y Alemania porque el material se podía ver en esos países”, dijo Rodrigo.
El agente asegura que no podían dejar ningún rastro que ligara a Costa Rica por lo que embajadas de otros países les ayudaron.
Buscaban un parecido
En los videos y fotos el investigador aseguró que los sospechosos usaban pasamontañas y lentes oscuros, mientras cometían las atrocidades.
“Con lo poco que se veía se hicieron recuadros escena por escena buscando un tatuaje, o una cicatriz y comparando los cuerpos de ellos para cuando tuvieramos a los posibles sospechosos poderlos identificar”, dijo.
El agente asegura que ellos tuvieron sentimientos encontrados.
“Sentimos felicidad de tener ese material resguardado y que estaba bloqueado de la red oscura. Uno de los delincuentes le había dicho a María, que el OIJ nunca le iba llegar eso, pero ya lo teníamos todo. Lo feo era ver cuanto sufrieron esas víctimas”, dijo el agente.
En el caso también participó la Interpol, que era el encargad de que las víctimas en esos países también fueran rescatadas.
“Costa Rica es el que le dijo a México lo que estaba ocurriendo. Nos dimos cuenta de que México era donde estaban los líderes, a ellos les llegaba todo el material, y tenían el control de las páginas en las que los subían”, recordó el agente.
El investigador relató que ellos no pudieron abordar a las niñas, porque sabían que estaban en contacto con los sospechosos y estaban siendo amenazadas, por lo que decidieron realizar el operativo. Esto ocurrió en junio del 2017, ese mismo año las autoridades mexicanas también realizaron allanamientos.
Los agentes descubrieron que uno de los líderes mexicanos había llegado a Costa Rica y cuando iba en el carro con uno de los fotógrafos y cinco niñas, una de ellas reclutada por redes sociales, los detuvieron al momento de entrar a una casa.
“En un caso normal de este tipo las víctimas llegan a la Fiscalía; sin embargo, en este nosotros las llevamos a un sitio seguro donde nadie las iba a observar más que como sobrevivientes. Había muchas psicólogas, fiscales, y oficiales, en ese momento las estábamos rescatando y fue cuando tuvimos las denuncias formales”, dijo el investigador.
Para muchas familias fue impresionante saber lo que sus hijas estaban viviendo a tan corta edad.
María contó que ella nunca tuvo señales de depresión ni de abuso, pero la depresión apareció cinco años después por lo que comenzó a tomar pastillas, e incluso, pensó en el suicidio.
“Ya era mayor de edad y un día exploté y conté lo que me había pasado. Mi refugio era estudiar, cuando en mi casa dije lo que me había pasado fue muy duro para ellos, sobre todo para mi papá y mi hermano”, aseguró.
Severas penas
Rodrigo afirma que realizaron ocho allanamientos en junio del 2017.
El agente relató que cuando los sospechosos fueron detenidos insistían en que ellos no habían cometido ningún delito, porque tenían los papeles firmados por los papás de las niñas.
“Nosotros sabíamos que todo era mentira, los papás no podían entrar a las sesiones y aunque firmaban un documento ahí no decía nada de los desnudos”, explicó.
Uno de los fotógrafos, de apellido Solano Corrales, se sometió a un abreviado y fue sentenciado a 797 años por trata de personas, violación, corrupción de personas menores de edad y producción de pornografía, pena que fue readeacuada a 39 años.
Mientras que su socio de apellido Núñez fue condenado a 144 años readecuados a 28 años.
En México todavía se realizan digilencias judiciales en el caso, aunque ya hay varios miembros descontando cárcel.