La Municipalidad de San José y el Hospicio de Huérfanos de San José se enfrentarán este miércoles 20 de mayo en un juicio ante el Tribunal Contencioso Administrativo por una supuesta deuda de ¢3.000 millones del ayuntamiento a dicha organización.

El abogado Boris Molina Acevedo, representante del Hospicio de Huérfanos de San José, aseguró que se trata de un caso complejo y de muchos años, pues según él, la municipalidad pese a mucho intentos no ha querido conciliar.

La ley dice que de las ganancias de los Festejos Populares de San José, el 50 por ciento deben ser entregadas al hospicio, la otra mitad es para que la muni lo use en obras comunales.

“Desde el 2004 la muni decide que el redondel ya no forma parte de los festejos, que ellos iban a seguir administrando el redondel y que no lo iban a incluir como se hacía anteriormente, entonces le quitaron la carnita de la ganancia al hospicio, actuaron de manera omisiva, porque solamente dijeron que se hacía y punto. Desde ese momento hasta la fecha no les han trasladado la suma de tres mil millones, no sabemos qué pasó con ese dinero, cuál ha sido el destino”, dijo Molina.

Solo la concesión del redondel del 2015-2020, según el abogado, fue por ¢1.500 millones.

"Lo más sorprendente es que durante muchos años, el lema de los festejos fue ‘sin toros no hay Zapote’, al quitar esa parte del dinero de manera antojadiza, el hospicio empezó a recibir puras migajas, y eso provocó que no se le pudiera dar mantenimiento al edificio en San José que albergaba 350 niños y por orden de Salud fue cerrado”.

Las instalaciones del hospicio en San José fueron cerradas en el 2012, sobre todo por las malas instalaciones eléctricas que tenían y ponían en riesgo a los niños y al personal.

Los pequeñitos fueron llevados a nuevas instalaciones en una finca en Vista de Mar en Goicoechea donde ocurrió lo mismo, pues se volvió imposible mantener las instalaciones, además, en el 2018 por una investigación por agresión y negligencia, el Patronato Nacional de la Infancia (Pani) les quitó a los niños y los llevó a sus albergues.

Al día de hoy el hospicio sigue funcionando administrativamente, pero tiene cero menores.

“No nos volvieron a renovar el contrato aludiendo maltrato, pese a que en aquel momento nosotros denunciamos y despedimos a las funcionarias”, dijo Deyanira Esquivel, representante del hospicio.

Esquivel asegura que pese a que las fiestas de Zapote del año pasado fueron hace seis meses todavía no les han entregado el dinero de las ganancias.

“Siempre nos ponen muchas trabas con los papeleos y nos los devuelven varias veces”, dijo Esquivel.

Según el abogado, si el fallo es favor del hospicio la intención es que con ese dinero puedan volver a dar “vida” al edificio de San José.

“No hay un edificio en el país como el que ellos tienen con esa capacidad para los niños; sin embargo, sin el dinero que se les ha quitado sería difícil poder arreglar las instalaciones, así como las casitas de Goicoechea.

"En otro proceso está pendiente resolver la situación penal por lo ocurrido con las trabajadoras; sin embargo, esta es una institución que tiene 133 años de existir”, dijo Molina.

Doña Deyanira asegura que ellos mantienen la esperanza de poder volver a recibir a los niños.

“Confiamos en la justicia, ya después de muchas apelaciones llevamos más de 10 años en esto”, dijo la mujer.

Posición del Pani

Por su parte, el Pani explicó por medio de la oficina de prensa, que sobre el caso lo único que pueden manifestar es que ya no existe con ellos ninguna relación con la organización no gubernamental; agregaron que más bien el hospicio tiene con ellos una deuda por 84 millones que se les habían dado para el cuido de los niños que no se pudo cumplir, por lo que aseguran que tienen que devolverlo.

En cuánto a la situación contra las extrabajadoras que fueron despedidas del hospicio, la Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de San José informó que en el expediente 18-001014-175-PE, investiga a dos mujeres de apellidos Mayorquín Saravia y Barrios Siles, como sospechosas del delito de privación de libertad.

“El caso avanza en la etapa de investigación, en la fase de recolección y análisis de prueba, fase que es privada para terceras personas, según lo establecido en el artículo 295 del Código Procesal Penal, por lo que no es posible brindar más información”, dijo la Fiscalía.

Silencio municipal

La Teja ha intentado obtener la posición de la Municipalidad de San José, pero fue hasta este lunes que indicaron que un asesor legal daría respuesta a nuestras consultas por correo; sin embargo, al cierre de edición no habíamos obtenido respuesta.