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Intensos. Así fueron los esfuerzos que un grupo sospechoso de integrar una poderosa banda narco hizo para intentar caer en gracia con varios diputados, en especial con el legislador del PUSC, Oscar Cascante, al que visitaron trece veces para buscar apoyo con varias inversiones que pretendían hacer.
Si tan solo una parte de esa intensidad es puesta para conquistar a alcaldes u otros funcionarios municipales de cantones fronterizos o con costas, el peligro está servido.
Trece diputados actuales y exlegisladores del período anterior, fueron contactados por líderes del presunto grupo narco, desmantelado en mayo pasado y al que le incautaron, de entrada, ¢1.500 millones en efectivo. Habrían invertido al menos $20 millones en lujosos bienes y hasta compraron un motel valorado en $8 millones.
Entrarle a políticos de comunidades alejadas no les sería desgastante ni caro. Mientras más remoto y poco poblado el cantón, mejor y es más fácil el cultivo de las relaciones clave para ganar influencia en la política local.
De ahí la importancia de atender el llamado que hizo Guillermo Araya, exdirector del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), ante los diputados de la comisión investigadora de la penetración del narco en la zona sur, de prohibir las donaciones de dinero en efectivo a los partidos políticos. La práctica se presta para la infiltración de recursos del narco y el lavado.
Las elecciones cantonales son las más vulnerables. México es un ejemplo inmejorable.
Araya pide legislar para exigir la bancarización de las donaciones y someterlas a los mecanismos formales de control. Así, las autoridades podrían rastrear el origen de los recursos si se presentaran irregularidades. La omisión del requisito en la ley más bien sorprende.
