EscucharEl presidente de la República, Carlos Alvarado, tuvo que reunirse con miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar explicaciones sobre la muerte del líder indígena Sergio Rojas Ortiz, de 59 años.
El vicepresidente de la CIDH, Joel Hernández, está encabezando la misión que tiene como fin supervisar los trabajos que está haciendo el Estado para garantizar las medidas cautelares de protección ordenadas en el 2015 para dos pueblos indígenas bribri y teribe, localizados sur del país.
Rojas fue asesinado a balazos el 18 de marzo pasado, en su casa, en la comunidad Yeri, en Salitre de Buenos Aires, Puntarenas.
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El crimen se debió a una aparente venganza por asuntos de tierras, ya que él continuamente luchaba porque su pueblo bribri recuperara las tierras que, según decía, les han arrebatado.
Salitre desde hace años es objeto de una disputa por la propiedad de las tierras. Se trata de un área de difícil acceso y de 11.700 hectáreas que se disputan grupos indígenas y finqueros no indígenas que aseguran tener derechos sobre parte de ellas.
“Nuestra expectativa de esta reunión es poder entender el estado en que se encuentran estos dos pueblos y las medidas que el Estado debe seguir otorgando para garantizar la seguridad y los derechos de los pueblos indígenas”, comentó Hernández antes de reunirse con Alvarado.
Juan Alfaro, viceministro de la Presidencia, indicó que “el intercambio con la CIDH constituye una ocasión importante para conocer las observaciones y sugerencias de la comisión, con el objetivo de fortalecer el cumplimiento de las medidas cautelares” a favor de los indígenas.
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Los visitantes tenían previsto visitar este lunes y martes el sur de Costa Rica, donde se encuentran las dos comunidades indígenas objeto de la misión.
Los pueblos protegidos recibieron las medidas de ante las amenazas de madereros y agricultores que intentan talar sus bosques y apropiarse de sus tierras.
Rojas fue por mas de 12 años presidente de la Asociación de Desarrollo Integral (ADI). En octubre del 2015, la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco) dijo que el nombramiento que se le hizo de presidente había sido irregular y por tanto quedó fuera de la organización.
En el 2014 el estuvo encarcelado, pues el Ministerio Público lo tenía como sospechoso en una investigación por el delito de administración fraudulenta.
Durante la visita, la CIDH también pretende informarse sobre la situación de los migrantes nicaragüenses en Costa Rica.
Unos 55.000 nicaragüenses han buscado refugio en Costa Rica tras la represión a las protestas antigubernamentales iniciadas en abril de 2018, según la ONU.
