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Un proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo pretende que cualquier funcionario público que sea condenado por hechos de corrupción tenga que cumplir su condena en la cárcel, sin ningún tipo de excepción.
Se trata del proyecto de ley “Adición al Artículo 59 del Código Penal”, el cual fue firmado este jueves por el presidente Rodrigo Chaves y el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos.
Este proyecto tiene como fin suspender el beneficio de Ejecución Condicional de la Pena, creado en 1970, el cual permite que una persona culpable de un delito, entre ellos corrupción, pueda cumplir su condena fuera de prisión por medio de una medida alterna dictada por un juez. Este beneficio es aplicable cuando la condena es de menos de 3 años.
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“Esta ley de 1970 se ejecutó con el propósito de disminuir el aumento en los hacinamientos carcelarios y que las personas condenadas sufrieran los efectos nocivos de ingresar a una prisión en estas condiciones”, indicó el Gobierno.
De ser aprobado este nuevo proyecto, cualquier funcionario condenado por un caso de corrupción tendrá que cumplir la sentencia detrás de las rejas, sin importancia si la condena es menor a 3 años.
El proyecto será presentado a la corriente legislativa y estará en manos de los legisladores definir si este se convierte en ley tras ser votado en dos debates.
